VALLADOLID, 30 Ene.

La Guardia Civil de Valladolid está llevando a cabo una investigación relacionada con un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo en la localidad de Cigales. Hasta el momento, se están investigando a 17 personas por realizar obras de construcción o edificación no autorizadas en suelo no urbanizable. Además, otras tres personas están siendo investigadas por un delito de estafa relacionado con estas obras.

Según informaron fuentes de la Guardia Civil, se detectaron numerosas obras de construcción en suelo rústico común en el municipio de Cigales, así como la subdivisión irregular de una parcela para usos incompatibles con el planeamiento urbanístico y las normas subsidiarias municipales. Durante la investigación, los agentes observaron la presencia de obras en construcción, vallas, cimentaciones, casetas, depósitos de agua, fosas sépticas y varias viviendas en proceso de construcción.

Tras seguir la pista de estas edificaciones y construcciones, se descubrió que una inmobiliaria de Valladolid había sido la encargada de su publicidad y venta. Por lo tanto, se iniciaron diligencias policiales que fueron remitidas a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid. En mayo de 2023, se recibió un auto judicial que ordenaba la paralización de todas las obras llevadas a cabo en esta parcela.

La Guardia Civil ha señalado que según un informe técnico y el catastro, el uso del suelo en cuestión es agrario. Sin embargo, tanto la inmobiliaria como el propietario de la parcela habían sobrevalorado el precio del metro cuadrado de las subparcelas, llegando a incrementarlo entre un 700 por ciento y un 2.000 por ciento. Esto generó una especulación en el valor del suelo, llevando a los compradores a creer que estaban adquiriendo suelo urbano.

Aparte de estos hechos, las personas que han llevado a cabo construcciones o vallados sin autorización administrativa en el interior de sus parcelas podrían ser acusadas de un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Este delito, tipificado en el artículo 319.2 del Código Penal, puede conllevar una pena de prisión de uno a tres años.