El inicio del 'macrojuicio' por estafa en Valladolid ha generado debate entre las partes involucradas, ya que las defensas han solicitado la nulidad de actuaciones al considerar que las entidades bancarias personadas carecen de legitimación activa.

Con un total de 61 encausados, este proceso, que se remonta a nueve años atrás, investiga a un presunto grupo criminal acusado de estafar a diversas entidades bancarias a través de la obtención de créditos para la compra de automóviles que no fueron devueltos.

De los 63 acusados inicialmente, dos han fallecido y otros dos se encuentran en busca y captura, lo que ha llevado a que el juicio se inicie con 56 comparecientes. Además, tres personas no se presentaron ante la Audiencia Provincial, siendo una de ellas declarada en rebeldía.

La jornada inaugural ha estado marcada por la formalización de conformidades entre 33 acusados, la fiscalía y las acusaciones particulares de BBVA, Santander y Caixabank, tras un extenso debate sobre cuestiones de nulidad planteadas por las defensas.

Las solicitudes de nulidad se basan en la falta de legitimación activa de las entidades bancarias en el caso, así como en otros aspectos como registros policiales cuestionados y la inclusión de delitos no previamente mencionados en el auto de apertura de juicio oral.

A pesar de la oposición de las acusaciones, el tribunal ha decidido postergar la resolución de estas cuestiones para la fase de ejecución de sentencia, con el fin de abordarlas de manera más detallada y justa para todas las partes.

Hasta último momento, la oficialización de conformidades ha tenido lugar, con más de la mitad de los procesados aceptando acuerdos para reducir sus penas. De los principales acusados, siete enfrentan condenas de hasta 18 años de prisión por delitos de estafa, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y más.

En términos generales, el proceso judicial investiga a un grupo criminal que coordinó operaciones para obtener préstamos bancarios de forma fraudulenta, utilizando documentación falsa para la compra de vehículos de segunda mano.