El Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid se apresta a llevar a cabo un juicio en el mes de diciembre contra el abogado V.J.M.A., quien enfrenta acusaciones de haber falsificado un documento público. Esta acción, según los cargos presentados, habría sido ejecutada con el objetivo de facilitar que su clienta, que también será juzgada, pudiera acceder a un subsidio de desempleo destinado a personas mayores de 52 años, a pesar de que su solicitud no había sido presentada dentro del plazo correspondiente.

Tanto el abogado como la clienta, M.H.H.G, están imputados por un delito de falsedad en documento público, en concurso medial con una tentativa de defraudación a las prestaciones del sistema de Seguridad Social. A ambos se les podrían imponer penas de hasta un año de prisión y multas que sumarían un total de 9.800 euros, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

La fiscalía ha sostenido en su escrito de calificación provisional que los acusados operaron en conjunto para asegurar que la mujer mantuviera el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, del cual venía disfrutando desde 2019. Sin embargo, la situación se complicó en 2021 cuando la afectada no cumplió con el requisito de presentar una copia de su declaración del IRPF, lo que llevó al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a suspender el subsidio.

De acuerdo con la versión de la acusación, la mujer y su abogado se habrían concertado para presentar un recurso en noviembre de 2022 tras la denegación, incluyendo un documento alterado que supuestamente indujo a error a la administración. Este documento, conocido como "Justificación de presentación de registro electrónico", fue diseñado con la intención de hacer creer que su declaración del IRPF había sido presentada adecuadamente.

En la defensa de M.H.H.G, se solicita su absolución y se argumenta que toda la responsabilidad recae sobre el abogado. Según su versión, ella había acudido a su despacho con la esperanza de que le gestionara la renovación del subsidio, un proceso que, alegadamente, el letrado olvidó tramitar.

Además, la mujer ha relatado que, al notar el retraso en el ingreso de la prestación, volvió a consultar con su abogado, quien le aseguró que había cumplido con todos los trámites necesarios en el plazo establecido, afirmación que, según parece, no se corresponde con la realidad.

La mujer, confiada en la profesionalidad de su abogado, siguió sus instrucciones para presentar diferentes documentos y reclamaciones, convencida de que cualquier error provenía del SEPE. La defensa destaca que, de haber imaginado que el error podría haber sido atribuido al abogado, ella no habría actuado de la manera en que lo hizo y, en cambio, habría exigido responsabilidades por la falta de acción que resultó en la pérdida de 3.701 euros, cantidad a la que tenía derecho legalmente.