VALLADOLID, 18 Dic.

La Fundación Franz Weber ha presentado una demanda a la Junta de Castilla y León para suspender la caza entre el 23 de diciembre y el 8 de enero, periodo que coincide con las vacaciones escolares en la comunidad. El objetivo de esta medida es proteger a los menores de edad de la exposición a la violencia y los riesgos asociados.

Esta petición se realiza en el marco de la Observación General nº26 del Comité de los Derechos del Niño, que recomienda no exponer a los menores a la violencia, incluyendo la violencia ejercida contra los animales. Según el Comité, "los niños deben ser protegidos de todas las formas de violencia física y psicológica, así como de la exposición a la violencia, como la violencia doméstica o la infligida a los animales".

Los naturalistas argumentan que durante estos periodos vacacionales se produce un aumento del turismo en la región, tanto a nivel nacional como internacional, que aprovecha para realizar actividades al aire libre, como senderismo, alojamiento rural y deportes relacionados con la naturaleza. Además, señalan que muchas familias deciden renunciar a este tipo de ocio por considerar que están en peligro durante las jornadas de caza.

Es común encontrar denuncias de la aparición de cartuchos en caminos y senderos, ante la pasividad de las autoridades, lo que genera una sensación de impunidad.

Según los datos de la Guardia Civil, entre 2007 y 2020 se reportaron numerosos incidentes relacionados con la caza, con al menos 62 víctimas de diferentes gravedades, incluyendo seis personas fallecidas. La Fundación Franz Weber advierte que si se tratara de ciclismo, senderismo o montañismo, este número de víctimas sería inaceptable. Por lo tanto, consideran irreal afirmar que la caza es compatible con cualquier otra actividad en el medio natural.

La ONG naturalista demanda la regulación de esta prohibición de cazar durante los periodos vacacionales escolares, con el objetivo de proteger especialmente a los niños y adolescentes.

Según la Fundación, esta propuesta sería fácil de implementar y urgen al Gobierno regional a tomar decisiones basadas en la seguridad pública y los derechos de la infancia y la adolescencia.