LEÓN, 18 de septiembre. Un grupo de siete organizaciones ecologistas ha decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad respecto al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, debido a sus supuestos vínculos con una empresa que impulsa un controvertido macrovertedero de residuos en San Justo de la Vega, León.

Entre las plataformas que han interpuesto la denuncia se encuentran Bierzo Aire Limpio, Cepeda Viva, Luna Verde, así como la Plataforma por el Futuro de la Montaña Central Leonesa, Indignados de Gestoso y la Plataforma para una gestión de residuos eficaz y sostenible. Estas organizaciones han reunido pruebas de diversas irregularidades que consideran ilegales y que podrían haber favorecido a la empresa en cuestión.

La compañía en el centro de la polémica, Valorización Verde SA, ha sido identificada como la principal beneficiaria de un proyecto que ha sido declarado de interés regional en Castilla y León. Según un comunicado de la Plataforma Gestión de Residuos, esto ha permitido a la empresa gozar de ventajas que incluyen la reducción de plazos y requisitos, ignorando trámites que otros proyectos deben cumplir rigurosamente.

Se ha indicado que Valorización Verde SA podría estar controlada por Asturiana de Laminados SA (ASLA), donde se señala que el hijo de Suárez-Quiñones ha desempeñado roles de alta dirección, según documentos oficiales. Pese a esto, el consejero otorgó los permisos necesarios y declaró el proyecto de interés regional sin abstenerse de participar en la gestión del mismo, lo que ha suscitado serias dudas sobre la integridad de su decisión.

Las organizaciones denunciantes han manifestado su preocupación por el evidente conflicto de intereses que podría haber permitido un "trato preferencial" en la aprobación de autorizaciones por parte de Suárez-Quiñones. Argumentan que en muchas de sus decisiones se manifiesta una confusión entre lo público y lo privado, sugiriendo que su permanencia en el cargo es una amenaza para el bienestar ambiental. Esta inquietud se ve reforzada por lo que consideran una inadecuada gestión de los recientes incendios en la región.

Además, las plataformas ecologistas han informado a la Fiscalía Anticorrupción sobre otros asuntos que podrían implicar al consejero en el Parque Natural de Babia y Luna, sugiriendo que estos hechos pueden infringir el Código Ético de Altos Cargos de la Junta de Castilla y León y podrían ser considerados delictivos.

En este contexto, las organizaciones han hecho un llamado para "derribar el muro de la impunidad" que, según afirman, afecta a las políticas ambientales de la Junta. Asimismo, han expresado su esperanza de que la Fiscalía Anticorrupción investigue a fondo estos asuntos y contribuya a esclarecer la situación.