VALLADOLID, 26 Nov. — En un caso que subraya la complejidad del sistema judicial y los derechos de las víctimas de violencia de género, la representación legal de una mujer que supuestamente ha sido agredida por su exmarido ha pedido que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer asuma la jurisdicción. Argumentan que este tribunal es el más adecuado para tratar los hechos, actualmente en trámite en un juzgado de instrucción como violencia doméstica, a raíz de que el acusado ha declarado un cambio de género.

La mujer agredida, acompañada por su actual pareja, denunció el 26 de octubre de 2025 a su excónyuge ante la Guardia Civil por lesiones y maltratos. Esta denuncia llevó al Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid a iniciar un proceso preliminar. Sin embargo, dado que los hechos se enmarcan en casos de violencia de género, este juzgado decidió transferir el asunto al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1.

Sin embargo, el 31 de octubre, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer negó la inhibición, argumentando que el acusado había presentado documentación que acreditaba su cambio de género al femenino, lo que, según su interpretación, excluía la competencia de violencia de género en este caso, de acuerdo con la información disponible a través de Europa Press.

El bufete de abogados Tresierra y Asociados, que representa a la presunta víctima, argumenta que el cambio de género del denunciado no refleja una realidad legítima de identidad de género, sino que es un intento deliberado de evadir la responsabilidad penal por los actos de violencia de género. Consideran que esta maniobra busca sacar el caso de la jurisdicción específica que protege a las mujeres, lo que, en su opinión, constituye un fraude de ley.

El abogado de la exmujer sostiene que ha presentado pruebas sólidas que demuestran que la solicitud de cambio de sexo en el Registro Civil del denunciado fue un acto calculado para eludir un juicio por violencia de género, ya que el acusado continúa viviendo y comportándose como un hombre en todos los aspectos.

Por lo tanto, el despacho de abogados reafirma que hay evidencias claras de que la razón detrás del cambio en el registro es puramente estratégica y no refleja una auténtica transición de género. Además, apuntan que no hay antecedentes de disconformidad con el sexo que le fue asignado al nacer, afirmando que esta situación trastoca el funcionamiento adecuado del sistema judicial.

En consecuencia, además de solicitar que el Juzgado de Instrucción 4 se inhiba en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, piden la nulidad del cambio registral y la apertura de una investigación penal contra el acusado por delitos de usurpación de estado civil, falsedad documental y obstrucción a la Justicia.