Alberto Esgueva, un empresario de Valladolid y exsocio del Grupo San Cayetano, se enfrenta a una serie de acusaciones en relación a su participación en el sector eólico, así como un embargo por parte de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) que ha puesto en riesgo su patrimonio y su emprendimiento. Este martes, Esgueva se presentó ante el tribunal, con el objetivo de exponer su versión y defender la legalidad de las transacciones que realizó, las cuales, según él, estaban debidamente tributadas.

Con un tono de desesperación, Esgueva expuso las severas consecuencias que ha sufrido tras el embargo de sus bienes, afirmando que la AEAT ha tomado medidas drásticas, como la subasta de su hogar y la liquidación de acciones de su empresa. "Hemos tenido que despedir a todo nuestro personal. Cuando este asunto salió a la luz, mis proyectos, tanto en España como en Polonia, prácticamente se desvanecieron", declaró durante el procedimiento, en el que enfrenta una potencial condena de 12 años de prisión y multas por un valor que supera los 68 millones de euros.

El empresario explicó que su andadura en el sector eólico comenzó en 2004, a través de la creación de Energía Global Castellana S.A., en colaboración con San Cayetano y Biovent, una filial de Iberdrola. Posteriormente, en 2006, estableció un acuerdo con la empresa Preneal a través de su sociedad Cronos Global, con el propósito de desarrollar parques eólicos en Castilla y León. Afirmó que estos movimientos fueron parte de un negocio legítimo destinado a promover energías renovables en la región.

A pesar de las dudas planteadas por su abogado sobre las credenciales de San Cayetano como socio para Iberdrola, Esgueva defendió su posición señalando la capacidad de su empresa para manejar estos proyectos gracias a su influencia y experiencia en el sector, enfatizando que en esa época su compañía generaba un flujo de ingresos significativo.

El relato de Esgueva se tornó más complejo al señalar que la colaboración con Iberdrola terminó abruptamente en 2007 debido a cláusulas contractuales restrictivas que le impidieron recibir beneficios inmediatos. Finalmente, revendería sus acciones a Biovent por una cifra considerable, que cuestiona hoy la AEAT, al interpretarlas no como una venta, sino como actividad económica sujeta al IVA.

El empresario insistió en que el embargo sobre sus activos fue el punto de quiebre que llevó a la destrucción de su negocio. La AEAT aplicó la misma lógica fiscal a una nueva colaboración que Esgueva estableció con Preneal bajo su sociedad Cronos, lo que resultó en otro embargo frustrante por la interpretación de la Ley que hizo el fisco.

A pesar de nuestro contexto, Esgueva descartó cualquier conexión ilícita con otros acusados en el caso de la supuesta 'trama eólica'. Aseguró que su implicación fue únicamente empresarial y transparente, y que no se trató de ninguna acción de favoritismo por parte de exaltos funcionarios, aunque sí reconoció que había mantenido relaciones laborales con algunos de ellos en el pasado.

Al concluir su declaración, también habló sobre el impacto devastador que el escándalo mediático de 2015 tuvo no solo en sus intereses en España, sino también en sus proyectos inmobiliarios en Polonia. Sus socios, quienes también comparecieron en el tribunal, reforzaron las afirmaciones de Esgueva sobre la drástica repercusión que estos hechos han tenido en sus trayectorias profesionales, reflejando un profundo sentido de injusticia por un embargo que consideraban prematuro y desproporcionado.