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Alcalde de Gesturcal rechaza propuesta de polígono en Portillo.

Alcalde de Gesturcal rechaza propuesta de polígono en Portillo.

En la Audiencia Provincial de Valladolid se está llevando a cabo un juicio para investigar la construcción de un polígono industrial en Portillo, un proyecto fallido que ha sido calificado como un "disparate" total por Jesús Carlón, exfuncionario de Gesturcal. Este caso también abarca la compra del Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda ('La Perla Negra') a un precio fuera de mercado.

Carlón es el primero de 90 testigos en declarar en este proceso judicial que se espera dure hasta el 8 de mayo. Las defensas de los doce acusados, que incluyen a exviceconsejeros de Economía y el exconsejero delegado de Gesturcal, plantearon la nulidad de actuaciones, pero el tribunal desestimó todas estas cuestiones previas.

La Sección Segunda de lo Penal considera que todas las partes cuentan con la totalidad de la causa, a pesar de que aún no se ha recibido la certificación oficial al respecto. Tras desmontar las alegaciones de las defensas, el juicio continuó con el testimonio de Jesús Carlón, quien siempre vio como un disparate la construcción del polígono industrial en Portillo.

Carlón denunció irregularidades en el proceso de fusión entre Gesturcal y ADE Parques en 2012, lo que resultó en la pérdida de empleo de trabajadores de Gesturcal. Él mismo se anticipó a pedir el finiquito en 2008 debido a las situaciones que presenciaba y consideraba inaceptables en la empresa.

El exfuncionario elaboró un escrito denunciando la situación en 2012 y lo compartió con excompañeros de trabajo. En sus declaraciones, Carlón expresó su opinión de que los acusados, incluido Juan Carlos Sacristán, no deberían estar en el banquillo.

Tras Carlón, comparecieron otros cinco testigos, extrabajadores de ADE que participaron en el trámite administrativo relacionado con la compra del edificio de 'La Perla Negra'. Los testigos señalaron que hubo rumores sobre la necesidad de un nuevo edificio administrativo antes de que se lanzara el concurso.

Los testigos confirmaron que el principal problema surgió con la oferta de Urban Proyecta, ya que existían dudas sobre si el precio ofrecido estaba dentro del mercado. Finalmente, la adjudicación del contrato de arrendamiento no se concretó, lo que llevó el proceso administrativo a Gesturcal, donde se firmó un contrato de compra del edificio de 'La Perla' por un precio muy superior al inicial.

Las acusaciones argumentan que la compra de 'La Perla' y el proyecto fallido del polígono industrial fueron manejados desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo para beneficiar a ciertas empresas. Las penas solicitadas varían entre 79 y 221 años de cárcel, dependiendo de la acusación.