La Asociación Salvemos el Pico del Lobo ha denunciado una serie de talas ilegales que afectan a áreas protegidas dentro de la Estación de Esquí de la Pinilla, llevadas a cabo presuntamente por una empresa que está aprovechando la situación tras el reciente incendio forestal que atravesó Guadalajara y Segovia a principios de octubre.

El 15 de octubre de 2025, la asociación presentó escritos de denuncia a varias entidades, entre ellas la Guardia Civil, el alcalde de Cerezo de Arriba y la Oficina Comarcal de Medio Ambiente de Riaza. En estos informes, expresaban su preocupación por la posible intervención de una empresa que, según ellos, había estado utilizando los cortafuegos construidos por la UME en respuesta al fuego que se declaró en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y que se extendió a la vertiente segoviana del Pico del Lobo a finales de septiembre.

Según lo comunicado, la empresa en cuestión habría ampliado los caminos ya desforestados, cortando árboles en las parcelas 6A, 6B, 7A, 7B y 10, al tiempo que preparaba el terreno para futuros desarrollos urbanísticos, todo esto bajo la fachada de trabajos relacionados con la lucha contra el incendio.

La Asociación Salvemos el Pico del Lobo mostró su perplejidad ante la falta de acción por parte de las autoridades competentes en la zona, ya que existían medidas cautelares dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el 6 de junio de 2025, suspendiendo un acuerdo del ayuntamiento de Cerezo de Arriba que autorizaba la tala en la parcela 6A para proyectos urbanísticos.

Además, la asociación consideró inaceptable que, hasta que no se alzaron sus voces, ni el Ayuntamiento, ni los Agentes Forestales, ni la Guardia Civil tomaran la iniciativa para verificar el cumplimiento de estas medidas cautelares. Vecinos también habían alertado sobre la continuidad de los trabajos de tala, a pesar de que la UME se retiró tras extinguirse el fuego.

El 27 de octubre, tras las denuncias de la Asociación Salvemos el Pico del Lobo, el Seprona solicitó al Ayuntamiento que interviniera. Como resultado, el consistorio inició un informe técnico y legal, estableciendo un plazo de cinco días para cesar de inmediato la tala de árboles y las obras auxiliares, advirtiendo sobre posibles sanciones.

Desde la asociación se detalló que las infracciones urbanísticas en las parcelas 6A, 7A y 10 se clasificarían como leves, con multas entre 2.000 y 3.000 euros por la tala parcial en suelo urbano. En cambio, las infracciones en las parcelas 6B y 7B, donde se realizaron actividades de parcelación y urbanización antes de la aprobación de la planificación urbanística, serían gravísimas, con multas que podrían oscilar entre 15.000 y 50.000 euros. En total, las sanciones podrían llegar a ser de hasta 150.000 euros, incluyendo la obligación de restaurar las áreas perjudicadas.

La Asociación Salvemos el Pico del Lobo expresó su decepción al ver que es la empresa la que parece tener el control sobre los eventos, instando a las autoridades pertinentes a actuar conforme a las leyes vigentes. Además, pidieron que se incluya a las organizaciones sociales, como su propia asociación, en el proceso de tramitación de expedientes, conforme a lo establecido en la legislación sobre transparencia y derecho a la información.