En un nuevo episodio que pone de relieve la creciente preocupación sobre la situación del acceso a la vivienda en España, el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, ha hecho un llamamiento enérgico a diversas instituciones nacionales y regionales para que se involucren en la lucha contra la okupación. Este fenómeno ha empezado a generar tensiones significativas en comunidades, y el alcalde local, Sarbelio Fernández, ha decidido alzar la voz al respecto.

Esta semana, Fernández ha enviado cartas a las presidentas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP CyL), así como al Defensor del Pueblo. En estas misivas, solicita apoyo frente a una problemática que ha estado afectando a una comunidad de vecinos particular durante casi tres años, pero que, como señala el alcalde, se extiende a muchas otras localidades del país.

El alcalde ha enfatizado la necesidad de que estas autoridades actúen en denotar y buscar soluciones concretas para hacer frente a la ocupación de viviendas. Fernández ha expresado su preocupación por cómo este tipo de actos se han convertido en una vía indirecta para acceder a la vivienda social, eludiendo los procedimientos establecidos para obtener estas ayudas públicas. “El asalto a la propiedad privada se ha transformado en un acceso a vivienda social sin seguir los protocolos adecuados”, ha afirmado en sus comunicaciones.

Recientemente, en una sesión plenaria, el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda aprobó una moción que insta al Gobierno y a las Cortes Generales a implementar medidas y realizar modificaciones legales que permitan luchar eficazmente contra la okupación. Este acuerdo resuena con la creciente preocupación que se siente en el municipio por el estado del acceso a la vivienda.

Fernández ha sido contundente al señalar que la okupación se ha convertido en un sistema dañino y ilegal para acceder a un hogar. "Primero se ocupa ilegalmente una vivienda, y luego, manipulando el sistema de protección social, se consigue un estatus que permite a los okupas permanecer indefinidamente en el inmueble", declara el alcalde en sus cartas dirigidas a Ángeles Armisén, María José García Pelayo y Ángel Gabilondo.

El regidor también ha criticado las políticas del Gobierno de España, que, según él, parecen favorecer a los okupas en detrimento de los propietarios que trabajan arduamente para sostener su hogar. "Nada de esto se vive en cada uno de los países de nuestra Unión Europea, mientras la FEMP guarda un preocupante silencio al respecto", ha agregado.

Fernández ha puesto especial atención en la situación de la comunidad Arroyovereda, donde "más de 200 vecinos han tenido que soportar un conflicto social constante debido a la okupación de aproximadamente la mitad de las viviendas en el edificio". Esta situación, lejos de solucionarse, parece consolidarse, ya que los ocupantes ilegales podrían pronto beneficiarse de su ocupación al convertirse estas viviendas en sociales, abonando un alquiler al Sareb.

Con una crítica abierta al papel del Sareb, Fernández ha indicado que esta entidad parece actuar como un promotor inmobiliario que ofrece alquileres sociales, transformando inmuebles que no estaban pensados para tal fin en propiedades destinadas al bienestar social, lo que, desde su perspectiva, desvirtúa el objetivo inicial de estos espacios.

El alcalde ha subrayado su compromiso con las familias afectadas por esta situación y ha instado a una urgente solución que permita el desalojo inmediato de las viviendas ocupadas ilegalmente. Además, ha hecho hincapié en que es imperativo revisar y ajustar las políticas vigentes que, irónicamente, pueden estar legalizando okupaciones mediante los sistemas de protección social que están siendo mal utilizados.

Fernández ha hecho un llamado claro a las instituciones mencionadas para que defiendan la autonomía municipal y autonómica en temas de vivienda, sugiriendo que es esencial evitar la intromisión del Estado a través del Sareb. También ha solicitado cambios legislativos que modifiquen la actual Ley de Vivienda, que considera que favorece a los okupas y, en consecuencia, penaliza a los propietarios. Además, ha requerido una enmienda a la Ley de Bases de Régimen Local que actualmente obliga a los ayuntamientos a empadronar a los okupas, una medida que él considera inadecuada.