En Valladolid, la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha rechazado las acusaciones de que la Junta está obteniendo beneficios económicos a través de la dependencia, y ha criticado la falta de apoyo por parte del Gobierno de España hacia Castilla y León en esta área.
Estas afirmaciones fueron realizadas por Blanco el pasado lunes, 23 de septiembre, en respuesta a las conclusiones de un informe elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Dicho estudio indicaba que Castilla y León había obtenido ganancias con el aumento del presupuesto destinado a la dependencia dentro del marco del Plan de Choque (2020-2023) aprobado por el Gobierno tras la crisis sanitaria.
Según el informe, durante este periodo el Ejecutivo central incrementó su financiación para la dependencia en un 138 por ciento, mientras que las comunidades autónomas solo aumentaron un 9 por ciento en promedio. En el caso de Castilla y León, se redujo el gasto en un -34,7 por ciento. Además, la comunidad destinó solo el 63,2 por ciento de sus propios presupuestos, por debajo del promedio nacional del 71 por ciento.
Isabel Blanco resaltó que este estudio evidencia la falta de apoyo financiero por parte del Gobierno hacia Castilla y León en relación con la dependencia. Según Blanco, la normativa establece que el Gobierno debería financiar el 50 por ciento, pero el informe revela que la comunidad sigue invirtiendo el 63 por ciento, mientras que el Gobierno solo aporta el 37 por ciento.
La consejera aseguró que Castilla y León ha estado trabajando arduamente para mejorar la atención a la dependencia. Señaló que el informe posiciona a la comunidad como una de las que más inversión realiza por habitante en esta área, y como la sexta en términos de inversión por persona dependiente, muy por encima de la media nacional.
Blanco mencionó que Castilla y León no tiene lista de espera y es líder en la prestación de servicios de dependencia, como en ocasiones anteriores ha resaltado el informe. Además, negó rotundamente la idea de que la comunidad esté obteniendo beneficios económicos a través de la dependencia.
En cuanto a las cifras, Blanco detalló que en 2022 Castilla y León destinó 502 millones de sus propios presupuestos a la dependencia, aumentando a 516 millones en 2023. Por otro lado, el Gobierno central solo aportó 300 millones en lugar del 50 por ciento que le correspondería. Por esta razón, Blanco enfatizó que seguirán reclamando una mayor financiación por parte del Gobierno para poder ofrecer una atención a la dependencia de alta calidad en la comunidad.
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