La lucha por la conservación de los bosques en España cobrará fuerza el próximo 24 de septiembre con una manifestación convocada en Valladolid por bomberos y agentes forestales. El evento, que comenzará a las 12:00 en la Cúpula Milenio de la Delegación de Gobierno de Castilla y León, busca concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de fortalecer el sector de extinción de incendios, dotándolo de mayores recursos y garantizando condiciones laborales justas.

Javier García, portavoz del Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de UGT, ha enfatizado que esta movilización no se limita únicamente a los profesionales del sector, sino que implica a toda la sociedad. "La falta de gestión adecuada y la precariedad impactan a todos, no solo a un grupo específico", ha declarado, subrayando la responsabilidad colectiva en la defensa de nuestros recursos naturales.

UGT ha presentado su visión sobre la necesidad de una "gestión integral" de los bosques, que priorice la conservación y la protección sobre las ganancias económicas. Según García, es esencial que el servicio de extinción de incendios se mantenga como un bien público, alejándose del enfoque mercantilista que ha predominado en los últimos años.

Entre las demandas también se encuentra la necesidad de implementar de manera efectiva la legislación existente que protege tanto a los bomberos forestales como a los agentes medioambientales. La estabilidad laboral es una cuestión crucial, e insistió en que la jornada laboral no debería exceder las doce horas, lo que es fundamental para asegurar la efectividad en la respuesta ante emergencias.

Carlos Martín, coordinador de bomberos forestales de Comisiones Obreras (CCOO), ha resaltado la importancia de la manifestación en Valladolid, especialmente en un contexto donde se han evidenciado las debilidades de un sistema de gestión inadecuado. Martín ha informado que, durante los meses de septiembre y octubre, alrededor del 40% de los 22,000 a 23,000 bomberos enfrentan el desempleo, lo que deja un vacío significativo en la capacidad de respuesta ante incendios durante el invierno.

El coordinador ha abogado por la necesidad de revisar el Sistema Nacional de Protección Civil, así como por la eficacia de las directrices básicas de emergencias relacionadas con incendios forestales. A su juicio, es prioritario aumentar la actividad preventiva, dado que actualmente solo se lleva a cabo entre un 15% y 16% de las acciones que deberían realizarse para proteger a las comunidades y sus infraestructuras.

Juan María Antón, también portavoz de UGT, ha manifestado que el modelo de gestión forestal en Castilla y León es ineficaz y ha subrayado que la naturaleza debe ser preservada y no tratada como una oportunidad de negocio. Según él, la colaboración pública es esencial para garantizar la vigilancia y protección del medio ambiente, lo cual es vital ante la creciente crisis climática.

Jorge Nieto, coordinador de agentes forestales en CCOO, ha instado a mantener la atención del público sobre la crisis de incendios, recordando que su gravedad no desaparece ni se atenúa con las temporadas. Ha advertido que las comunidades autónomas necesitan replantear sus estrategias en extinción de incendios, especialmente en Castilla y León, que ha mantenido prácticas arcaicas sin abordar de manera efectiva los desafíos actuales.

Al seguir abordando la situación de los colectivos de bomberos y agentes forestales, los representantes han denunciado la falta de recursos, especificando que muchas unidades de intervención operan con personal reducido, lo que pone en riesgo tanto a los trabajadores como a la eficacia en la atención de emergencias. En regiones como Extremadura y Andalucía, desde hace algún tiempo, ha habido una notable insuficiencia de personal.

Asimismo, han hecho un llamado claro a la consolidación de un modelo de gestión pública y directa, similar al que se aplica en comunidades como Extremadura y Cantabria, en contraposición a la creciente privatización del servicio en zonas como Castilla y León y Murcia. Esto, según ellos, es fundamental para garantizar respuestas efectivas y proteger adecuadamente los recursos forestales y la seguridad pública.

Finalmente, han destacado que la mayoría de los incendios no son provocados por la acción de pirómanos, sino que un 80% se originan por negligencias o accidentes. Ante esta realidad, han pedido una mayor presencia de inspectores ambientales y agentes forestales que puedan investigar y abordar de forma eficaz las causas de los incendios. "Sin su presencia, ¿quién se encargará de la investigación?", han cuestionado, enfatizando la necesidad de una respuesta coordinada y profesional a la crisis de incendios forestales que enfrenta el país.