VALLADOLID, 17 de diciembre.

En el marco del juicio que investiga la presunta corrupción en el sector eólico, el exdelegado institucional de Iberdrola en Castilla y León, Ricardo Bravo, ha afirmado que su empresa no fue sometida a presión por parte de la Junta para asociarse con socios locales. Bravo, que fue consejero delegado de Biovent hasta 2007 y se enfrenta a una petición de seis años de prisión y una multa gallardonada de 100.000 millones de euros por parte de la Fiscalía Anticorrupción, se vio en el banquillo junto a otros catorce acusados, en un proceso que lleva tres meses en la Audiencia de Valladolid.

Durante su declaración, que solo fue orientada por su abogado, Bravo sostuvo que asociarse con empresarios locales en el ámbito de la energía eólica era una práctica común y necesaria. Destacó cómo, en aquella época, existía un consenso generalizado en Castilla y León de que el viento debía beneficiar a la economía local, lo que llevó a Iberdrola a buscar proveedores sin coerción alguna, utilizando un listado de clientes como base para formar alianzas estratégicas.

Este listado sirvió como punto de partida para las primeras conversaciones con varios acusados, incluidos los hermanos Esgueva del Grupo San Cayetano y Andrés Martín de Paz, un exdirector general de Deportes de la Junta. De acuerdo con Bravo, el acercamiento no se limitó a estos empresarios, ya que se realizaron intentos de contacto con más de cien compañías, aunque muchas de las negociaciones no llegaron a concretarse.

¡Las premisas al proponer asociaciones eran claras! Se advertía que los trámites para llevar a cabo estos proyectos serían arduos y carecerían de garantías, especialmente dado que existían peticiones por más de 80.000 megavatios en la región. Bravo subrayó que las respuestas recibidas variaron, y algunos de los acercamientos condujeron a la creación de nuevas sociedades con los Esgueva y Martín de Paz para fomentar el negocio eólico, destacando el inicio de Energía Global Castellana y Villardefrades Eólica.

Además, argumentó que buscar socios industriales, lejos de competir con gigantes como ACS y Endesa, era una estrategia lógica de Iberdrola para facilitar la financiación y optimizar la gestión de terrenos para los proyectos. Bravo subrayó que su amistad con figuras como Rafael Delgado, otro de los señalados en el caso, no influyó en las decisiones comerciales de la empresa y que habían actuado sin recibir ventajas indebidas.

Un hito significativo en su testimonio fue la conversación que tuvo con el entonces consejero Tomás Villanueva en 2005. Bravo expuso que Iberdrola había solicitado una capacidad de 2.100 megavatios, sin embargo, la respuesta llegó tarde y con una oferta mucho menor. Según el exdirectivo, cuando dejó la empresa en 2007, solo habían conseguido 700 megavatios en lugar de los prometidos, lo que refleja una discrepancia significativa entre las expectativas y la realidad.

Durante su declaración, Bravo también mencionó que las transacciones entre Biovent y los hermanos Esgueva, así como Martín de Paz, se realizaron a precios de mercado, alegando que su salida de las sociedades se debió a la necesidad de realizar fuertes inversiones que no podrían asumir. En este contexto, volvió a mencionar que Iberdrola había sido la principal beneficiada en estos movimientos, al tiempo que lamentó que los empresarios habrían ganado más de haber continuado en sus posiciones.

A lo largo del proceso, Bravo dejó claro que sus relaciones con políticos como Villanueva se forjaron una vez dejó sus responsabilidades en Iberdrola, y que su trato con Martín de Paz se debía a encuentros profesionales vinculados al patrocinio deportivo.

En la misma jornada, el tribunal también escuchó a Rafael Icaza, otro encausado, así como a María del Mar Moreno, exmujer de Alberto Esgueva, quien se enfrentó a cargos penales por operaciones inmobiliarias cuestionables. Por otro lado, los hermanos Llorente, quienes han decidido no declarar, podrían enfrentarse a condenas similares debido a las operaciones que llevaron a cabo entre 1999 y 2017.

Una vez finalicen los interrogatorios de los acusados, se espera que a partir del 7 de enero de 2026, se inicien las presentaciones de informes definitivos por parte de las partes involucradas.