VALLADOLID, 8 de septiembre.

Castilla y León ha destacado en el ámbito de la inversión en políticas sociales, posicionándose como la segunda comunidad autónoma con mayor proporción de su presupuesto destinada a estas áreas en 2024. Con un significativo 64,6% de asignación, solo es superada por Murcia, que alcanza el 64,7%, superando así la media nacional del 59,1%.

Según el reciente informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, la región también ocupa el séptimo lugar en gasto por habitante, invirtiendo un total de 3.651,8 euros, cifra que sobrepasa la media del país, situada en 3.277,1 euros.

En los últimos cinco años, Castilla y León ha aumentado en 903,3 euros el gasto por persona en estas políticas, lo que la coloca en el sexto puesto en el ranking autonómico. Solo Navarra, Extremadura, Asturias, País Vasco y La Rioja han logrado incrementos más altos. La media nacional refleja un aumento de 658,1 euros, lo que resalta la inversión de la comunidad castellanoleonesa.

En términos de crecimiento porcentual entre 2019 y 2024, Castilla y León muestra un incremento del 32,87% en su presupuesto para políticas sociales, situándose en el sexto lugar del país. Extremadura lidera este crecimiento con un asombroso 37,86%, mientras que Cataluña presenta el incremento más bajo, con un 14,97%.

Por áreas específicas, Castilla y León ha reforzado su presupuesto en Sanidad en un 28,3% en los últimos cinco años, ocupando el noveno puesto en este aspecto. Este aumento equivale a 1.065 millones de euros, traduciéndose en un incremento de 460,6 euros por habitante, cifra que se sitúa por encima de la media nacional de 274,6 euros.

En el contexto del gasto sanitario para 2024, la comunidad alcanza un 35,7% del presupuesto total, superando la media nacional del 30,9%. En cuanto al gasto por habitante, se eleva a 2.018,6 euros, también superior al promedio del país, que es de 1.717,3 euros.

En el sector educativo, las cifras son igualmente alentadoras, con un incremento del 34,2% en el presupuesto durante los últimos cinco años, superando la media nacional de 30,6%. Este aumento representa 685,2 millones de euros y 295,8 euros por habitante, frente a los 242,8 euros del promedio estatal.

No obstante, para el año 2024, el porcentaje destinado a Educación es del 19,9%, ligeramente por debajo del 20,3% de la media nacional, mientras que el gasto por habitante se sitúa en 1.127,9 euros, apenas un euro más que la media de las autonomías.

En lo que respecta a Servicios Sociales, el aumento desde 2019 hasta 2024 fue del 39,6%, aunque todavía por debajo de la media nacional del 51,8%. Este aumento se traduce en 341,5 millones de euros, con un incremento por habitante de 146,9 euros, superando la media autonómica de 140,7 euros.

Para 2024, las perspectivas son optimistas con un crecimiento del 8,9% en el gasto en Servicios Sociales, marcando la cuarta mejor tasa del país y superando la media nacional del 7,8%. Además, el gasto por habitante se sitúa en 505,2 euros, frente a los 433 euros del promedio nacional.

En el ámbito de la deuda, la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha subrayado la necesidad urgente de destinar los recursos destinados al pago de la deuda autonómica hacia la inversión en políticas sociales, las cuales sufrieron un recorte de 2.364 millones de euros en 2024. Desde 2010, los fondos asignados a Sanidad, Educación y Servicios Sociales han bajado en 8,3 puntos porcentuales.

El costo de la deuda ha ascendido en 2024 a 315 millones de euros más que en el año anterior, representando un 15,29% del presupuesto total de las comunidades autónomas, una cifra que equivale al doble de lo que se destina a Servicios Sociales y al 50% del gasto en Sanidad.

La reducción de casi 85.000 millones de euros en la deuda permitiría un reforzamiento significativo de las políticas sociales, permitiendo así recuperar los recortes previos y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en áreas esenciales como la sanidad, educación y servicios sociales.

El informe también resalta las disparidades en la inversión entre comunidades, con Madrid liderando en el bajo gasto en políticas sociales, a 574 euros por habitante menos que la media nacional, seguida de Cataluña y Andalucía. En contraposición, Navarra, País Vasco y Extremadura son los ejemplos a seguir en inversión per cápita.

Desde 2010, se ha evidenciado una reducción del gasto en políticas sociales, que ha pasado de representar dos tercios del presupuesto a solo el 59,1% en 2024. Esta tendencia se ha intensificado recientemente, a pesar del aumento general en los presupuestos autonómicos.

Los responsables de servicios sociales advierten que, a pesar de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 que resaltó la importancia del gasto en sectores públicos, el aumento real en estas áreas solo ha sido del 14,5% entre 2020 y 2024, frente al 62% de incremento en otros ámbitos, evidenciando una clara falta de priorización en el gasto social por parte de las comunidades autónomas.