El pasado 25 de febrero, se revelaron las últimas cifras sobre pensiones en Castilla y León, las cuales muestran un importante crecimiento en su volumen. En este mes, la comunidad autónoma contabiliza 637.265 pensiones contributivas, lo que refleja un incremento del 1,08% en comparación con el año anterior. En el contexto nacional, este aumento es ligeramente superior, con un 1,49% en toda España, según los datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Además, la tendencia positiva también se observa en las cantidades medias percibidas por los pensionistas. En Castilla y León, la pensión media se sitúa en 1.368,79 euros, superando levemente la media nacional de 1.366,20 euros. Este crecimiento en las pensiones es significativo, con un aumento interanual del 4,67% en la comunidad, también por encima del 4,51% registrado en el resto del país.

Analizando la distribución por provincias, se observa una variación interesante en las pensiones medias. Ávila cuenta con 40.282 jubilados que tienen una pensión media de 1.213,22 euros. Burgos, con 95.428 pensionistas, ostenta una media de 1.466,53 euros, mientras que en León hay 140.863 beneficiarios con pensiones que rondan los 1.363,83 euros. Por su parte, Palencia tiene 44.576 pensionistas con una media de 1.399,29 euros, y Salamanca, con 83.624 beneficiarios, reporta una media de 1.285,36 euros. En Segovia, 36.132 pensionistas reciben 1.308,91 euros de media, Soria tiene 23.135 pensionistas con 1.328,39 euros, Valladolid lidera con 125.492 beneficiarios que perciben una media de 1.488,65 euros, y Zamora, con 47.733 jubilados, cierra la lista con una media de 1.186,84 euros.

Un aspecto relevante de estos datos es la presencia de pensiones complementarias a mínimos, que suman 141.922 en toda la comunidad, lo que equivale al 22,3% del total. Sin embargo, la situación es más crítica para las mujeres, ya que el porcentaje de pensiones complementarias se eleva al 29,4%, en contraposición al 15,3% registrado entre los hombres. Esto pone de manifiesto la desigualdad que todavía persiste en el sistema de pensiones y la necesidad de reformas que garanticen una distribución más equitativa de los recursos entre los distintos grupos sociales.