El secretario regional de CCOO Castilla y León, Vicente Andrés, ha arremetido contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por poner en duda la labor de los relatores de Naciones Unidas que han emitido un informe crítico sobre las leyes de concordia impulsadas por el PP y Vox, acusándolo de generar un clima de confrontación similar al provocado por el presidente de Argentina, Javier Milei.
Estas declaraciones fueron realizadas por Andrés durante la presentación del libro 'Educación para la salud', donde expresó su rechazo a las afirmaciones de Mañueco en el Pleno de este martes, en las que insinuó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había "encargado" el informe de la ONU, acciones que el líder sindical considera una descalificación hacia los miembros de la organización internacional.
"¿Qué objetivo se persigue al poner en duda la labor de los relatores y cuestionar su origen? Al cuestionar a los relatores, se pone en duda el contenido y se continúa con la aprobación de la ley", advirtió Andrés, quien señaló que la Ley de Concordia representa un retroceso de aproximadamente 50 años en materia de derechos.
Además, alertó que dicha normativa "anulará" los avances logrados en Castilla y León en este ámbito, traicionando así los principios del propio PP, ya que implicaría la derogación del actual Decreto de memoria democrática aprobado en 2018 durante el mandato de Juan Vicente Herrera.
El líder de CCOO también acusó a Fernández Mañueco de fomentar la confrontación, argumentando que con la Ley de Concordia y las críticas hacia la ONU, se está generando un ambiente de tensión similar al provocado por el presidente argentino recientemente.
"Milei llega aquí para insultar a nuestro Gobierno y a nuestro país, y además se victimiza", criticó, destacando que estas actitudes alimentan la polarización en la vida política y generan un clima de hostilidad cada vez mayor.
Finalmente, Andrés afirmó que con el tiempo los tribunales darán la razón al informe de la ONU, pues considera que la Ley de Concordia propuesta por PP y Vox en Castilla y León es "ilegal e inmoral".
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