La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Castilla y León (FE CCOO CyL) ha hecho un llamado a la Junta para que se establezca un programa plurianual que garantice una financiación adecuada en las universidades públicas de la región. Además, han solicitado la creación de una mesa de negociación para asegurar el cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

En un comunicado, FE CCOO CyL ha expresado su preocupación por la crítica situación que atraviesan las universidades de Castilla y León desde la entrada en vigor de la nueva LOSU en abril de 2023. Han enviado cartas a la Consejería de Educación y a la directora general de Universidades para solicitar una reunión y abordar las necesidades urgentes de las instituciones académicas de la región.

El sindicato lamenta que no hayan recibido respuesta, lo cual consideran inaceptable y un reflejo del desinterés de la Junta por el sistema universitario. La secretaria de Universidad de la Federación, Carmen Mascaraque, ha denunciado el silencio de las autoridades regionales.

FE CCOO CyL ha recordado los años de financiación insuficiente que han afectado a las universidades de la región, provocando problemas como la precarización del personal docente, la falta de reposición de puestos y el envejecimiento de las plantillas. Todo esto pone en riesgo la sostenibilidad y calidad del sistema educativo, según el sindicato.

Ante esta situación, el sindicato considera que la adaptación de la normativa autonómica a la LOSU es esencial para abordar las reformas necesarias. Han solicitado modificaciones en decretos relacionados con el personal docente e investigador, así como la creación de una mesa de negociación para garantizar el cumplimiento de la ley en materia de retribuciones y convocatorias de plazas de estabilización.

Asimismo, FE CCOO CyL ha propuesto un plan plurianual de financiación para las universidades públicas de la región, con el objetivo de desbloquear negociaciones de convenios colectivos y asegurar una financiación adecuada para el servicio público de educación superior. En este sentido, el sindicato ha señalado que la falta de financiación afecta negativamente a la prestación del servicio público y genera discriminación hacia el personal universitario.