VALLADOLID, 19 de diciembre. En un acto de trascendencia para la lucha contra los incendios forestales, Comisiones Obreras ha presentado una propuesta innovadora para establecer un dispositivo de prevención y extinción de incendios completamente público en Castilla y León. Este plan aboga por la “internalización” de servicios que hasta ahora han sido externalizados, ofreciendo un modelo de operativa anual que mejoraría significativamente las condiciones laborales de los trabajadores. Además, se prevé un recorte en los costos de personal para 2025, reduciendo la asignación de 91 a 82 millones de euros.

Ana Fernández de los Muros, secretaria general del sindicato en la región, expuso esta ambiciosa propuesta en las instalaciones del Consejo Económico y Social (CES), acompañada por Enrique Cabero, presidente delCES, y José Ramón Jiménez, responsable de Medio Ambiente en Comisiones Obreras. La líder sindical subrayó que esta propuesta es el resultado de un análisis colectivo y reflexivo dentro del sindicato, motivado por la grave situación ambiental y los desafíos que ha planteado la emergencia climática, especialmente después de los incendios devastadores de 2022 en la Sierra de la Culebra.

Fernández de los Muros enfatizó la necesidad de implementar un operativo "seguro" y "viable" para los trabajadores. Destacó que, con la voluntad política adecuada, esta iniciativa podría abrir un debate constructivo en la sociedad sobre la gestión de los recursos necesarios para prevenir y combatir los incendios. Se propone un modelo de gestión completamente público, en el que la Junta asuma el control directo, mejorando no solo la seguridad y la formación de los trabajadores, sino también la fusión de los servicios previamente externalizados por la Consejería de Medio Ambiente.

La propuesta incluye la creación de un sistema organizado con 24 brigadas helitransportadas, 134 para la extinción de incendios, 84 bases comarcales y un total de aproximadamente 3.000 bomberos forestales y 1.200 agentes medioambientales. Para ello, Comisiones Obreras ha diseñado un plan de inversión que contempla 22 millones de euros en mejoras de infraestructura y otros 22,5 millones destinados a vehículos y equipos, asegurando así la calidad y eficacia del servicio.

El sindicato ha argumentado que con la adecuada distribución y una gestión optimizada, se podría incrementar el personal de las brigadas helitransportadas en un 20%, lo que conllevaría un gasto adicional de cerca de tres millones de euros, pero que, al mismo tiempo, permitiría alcanzar una cifra de 18 millones en total para el operativo. Asímismo, se planea una inversión significativa en las cuadrillas de tierra y brigadas de extinción, que resultaría en un ahorro económico frente a lo que actualmente se destina, permitiendo desviar fondos a otros requerimientos operativos y técnicos.

Comisiones Obreras subraya además que una plantilla estable durante todo el año no solo mejoraría las condiciones laborales de los trabajadores, sino que contribuiría a fijar población en las áreas rurales. La propuesta se une a una política de gestión forestal sostenible, que no solo reduciría el gasto en extinción, sino que corregiría el desequilibrio territorial actual de Castilla y León, promoviendo así la actividad económica y la estabilidad demográfica en el campo.

La secretaria general también ha señalado la importancia de contar con el apoyo de la comunidad para desarrollar una gestión forestal consciente, enfatizando la necesidad de hacer visible la importancia de una política ambiental responsable. Esto incluye una planificación integral que amplíe las labores de prevención en el 1% de las áreas forestales, triplicando el esfuerzo actual que se encuentra solo en el 0,4% del territorio.

Adicionalmente, la propuesta incorpora innovación en el ámbito de la bioeconomía forestal y la conservación de los ecosistemas, fomentando la actividad económica rural. Sin embargo, Fernández ha advertido que estas iniciativas deben ir acompañadas de inversiones en servicios públicos y transporte en las zonas rurales, con el fin de combatir el actual déficit territorial.

El sindicato también exige una colaboración más efectiva entre las administraciones y un Pacto de Estado para abordar la emergencia climática, un planteamiento que ya ha sido expuesto al Gobierno central. "Nuestra responsabilidad no es solo apagar incendios, sino prevenir y proteger nuestro patrimonio natural", enfatizó Ana Fernández, recordando la importancia de la seguridad para quienes trabajan en este sector, que a menudo arriesgan sus vidas.

En este contexto, la líder sindical ha advertido que, con la reciente anulación de decretos leyes que afectaban al operativo, existe el riesgo de que la organización y coordinación para la próxima temporada de incendios queden desfasadas. "La falta de un plan sólido impactará nuestra capacidad de respuesta el próximo verano", subrayó, criticando la inclinación de la Junta por evadir su responsabilidad en la gestión de incendios y la inacción ante un año que considera "muy negativo" en este ámbito.