BURGOS, 18 de diciembre. En una actuación que ha suscitado intensas críticas, la Guardia Civil ha ejecutado una operación en el monasterio de Santa Clara de Orduña, en Vizcaya, donde se llevó a cabo el traslado de cinco monjas de avanzada edad, cuyas edades oscilan entre los 88 y 101 años. Estas religiosas formaban parte de la comunidad Clarisa de Belorado en Burgos y se encontraban en circunstancias inusuales, pues las autoridades habían declarado a su convento como cismático.

Los agentes de la Benemérita trasladaron a las cinco monjas al Hospital de Basurto en Bilbao para un chequeo médico, antes de que sean reubicadas en otro convento bajo la Federación de Clarisas. Esta intervención se realizó en medio de una atmósfera de tensión y controversia.

Aproximadamente a las 13:15 horas, cinco ambulancias de la organización DYA entraron en el monasterio para llevarse a las religiosas, quienes, según ha destacado el arzobispo de Burgos y Comisario Pontificio del monasterio de Belorado, Mario Iceta, son consideradas como "la auténtica comunidad Clarisa", dado que no habían sido excomulgadas como sus ex compañeras.

La abadesa que dirigió la comunidad en Belorado, Laura García de Viedma, ha expresado su profunda preocupación por la forma en que se llevó a cabo el traslado, denunciando que las religiosas no pudieron ser acompañadas en ningún momento por miembros de su comunidad durante el proceso.

García de Viedma describió cómo las monjas fueron transportadas "por la fuerza", acusando a las autoridades de no tener en cuenta sus condiciones de salud, mencionando que incluso una de ellas fue llevada "con fiebre" y "medio desnuda". A su vez, criticó que no se hizo un seguimiento de su medicación habitual.

La abadesa ha subrayado que, durante la operación, la Guardia Civil mantuvo "incomunicadas" a las otras religiosas presentes en el monasterio. En sus declaraciones, defendió el compromiso que su comunidad ha mantenido con las hermanas mayores, ofreciendo su atención en la rutina diaria sin descanso.

La llegada de los agentes, compuesta por un número considerable de entre 20 y 30 personas, fue marcada por un carácter "forzado", según la abadesa, quien enfatizó que estos sucesos reflejan un "intento manifiesto de desmantelar" su comunidad y silenciar su voz. García de Viedma defendió la libertad de conciencia que las religiosas se esfuerzan por mantener en un entorno que parece hostil hacia ellas.

El abogado Florentino Aláez ha indicado que esta actuación ha sido ordenada por el juzgado de Bilbao. Sin embargo, García de Viedma ha culpado a la jueza de Briviesca, a la que acusa de tener como objetivo desmantelar la comunidad y despojar a las religiosas mayores de su lugar.

Se recuerda que intentos previos de desalojo tuvieron lugar el 27 de noviembre y el 31 de julio, poco tiempo después de que la jueza de Briviesca emitiera una sentencia de desahucio en contra de la comunidad.