VALLADOLID, 6 de agosto. El Comisionado de Transparencia de Castilla y León ha presentado su Memoria de 2024 ante las Cortes, que se expondrá en la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común. Este documento revela un creciente interés ciudadano por el acceso a la información, ya que se registraron 546 reclamaciones, 29 más que el año pasado. Alarmantemente, la mayoría de las quejas—siete de cada diez—se derivaron de la falta de respuesta de las instituciones ante solicitudes previas de información.

Los datos desglosados indican que de las 546 solicitudes, 350 se originaron por la falta de acceso a información solicitada a entidades locales, lo que equivale a un 64,10 por ciento del total. De estas, 289 provinieron de ayuntamientos, 35 de entidades locales menores, 25 de diputaciones provinciales y una de una mancomunidad. Esta evidencia pone de relieve la necesidad de un compromiso renovado por parte de las administraciones locales hacia la transparencia.

Además de las reclamaciones contra las entidades locales, se registraron 154 quejas contra la Administración General autonómica y 28 dirigidas a entes del sector público autonómico, incluyendo universidades y fundaciones. Otros organismos, como colegios profesionales y distintas administraciones, también fueron objeto de reclamaciones, sumando a la complejidad del panorama administrativo en la región.

Un análisis más fino muestra que, de las reclamaciones planteadas ante las entidades locales, la mayoría fue realizada por concejales —110 en total— y vocales de juntas vecinales —18—. También se destacó la participación activa de otros grupos, como representantes laborales y asociaciones ecologistas, que han alzado la voz en busca de transparencia y rendición de cuentas.

Es preocupante que el 72 por ciento de las reclamaciones se deban a la falta de respuesta a las solicitudes de información, evidenciando una grave deficiencia en la comunicación institucional. Las razones expuestas por las entidades para justificar esta falta de respuesta incluyen la supuesta ausencia de la información solicitada, la naturaleza repetitiva de las peticiones y preocupaciones sobre la protección de datos.

Los temas más recurrentes en estas reclamaciones abarcan cuestiones clave como el empleo público, la protección del medio ambiente y la gestión de recursos públicos. Esta tendencia evidencia la creciente preocupación de la ciudadanía por la gestión de los asuntos públicos y su deseo de mayor transparencia en estos ámbitos críticos.

En el mismo periodo se emitieron un total de 498 resoluciones por parte de la Comisión de Transparencia, el número más alto desde su creación. De estas, 234 fueron favorables a los reclamantes, mientras que 154 se debieron a la entrega de la información solicitada, lo que subraya un ligero avance en el cumplimiento de la normativa de transparencia.

El uso de nuevas tecnologías sigue en aumento, con un incremento de 11.000 visitas a la web de la Comisión y un 70 por ciento de las reclamaciones presentadas de manera electrónica. Este fenómeno resalta la creciente implicación de la ciudadanía en la utilización de recursos digitales para la defensa de sus derechos.

En cuanto al Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, aunque se ha observado un alto grado de cumplimiento de las normas de transparencia, persisten deficiencias en algunas entidades del sector público autonómico. La falta de información disponible en portales como la Fundación Siglo y la Fundación Santa Bárbara destaca la necesidad urgente de mejoras en el acceso a la información, especialmente para personas con discapacidad.

La situación en la administración local es dual. Mientras las diputaciones y los ayuntamientos de gran tamaño cumplen más consistentemente con las normativas de transparencia, las entidades locales más pequeñas a menudo carecen de los recursos necesarios para cumplir con estas obligaciones, lo que limita la accesibilidad a la información pública.