El Gobierno ha sido denunciado por incrementar su aportación para la dependencia en un 138%, en comparación con solo un 9% de aumento por parte de las comunidades autónomas, dejando a Galicia en la cola de inversión por dependiente.

MADRID, 23 Sep.

En el marco del Plan de Choque (2020-2023), Castilla y León, Galicia y Aragón se beneficiaron económicamente con el aumento de presupuesto para la dependencia luego de la pandemia sanitaria. Según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, el Gobierno de España aumentó su contribución para la Dependencia en un 138% en dicho periodo, en comparación con el 9% de incremento de las comunidades autónomas.

Destaca que durante este plan, tres comunidades autónomas disminuyeron el gasto en la atención a personas en situación de dependencia: Castilla y León (-34,7%), Galicia (-6,4%) y Aragón (-3,2%). La asociación señala como especialmente preocupantes los recortes llevados a cabo en Galicia, la cual tiene el menor porcentaje de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente (16%), frente al 23% de la media nacional.

De acuerdo al estudio, en 2023 la inversión pública en Atención a la Dependencia alcanzó los 11.522 millones de euros, siendo 8.230 millones aportados por las comunidades autónomas (71%) y 3.292 por el Gobierno central (29%). Se constata una marcada desigualdad territorial, con País Vasco, Extremadura y Navarra como las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año.

Por debajo de la media de los 1.825 euros se encuentran diversas comunidades como Cantabria, Cataluña, Asturias, Aragón, Murcia, Canarias y Galicia. Esto muestra una disparidad en la inversión por persona dependiente entre las diferentes regiones.

El informe indica que el peso de la financiación autonómica frente a la estatal ha presentado una tendencia alcista en los últimos años, rompiéndose en 2021 cuando algunas comunidades utilizaron el incremento de la financiación estatal para reducir su aportación. Estos recortes limitaron la capacidad de impacto de los fondos del plan de choque, generando preocupación en la entidad.

Ante estos datos, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha criticado el incumplimiento de las Administraciones Públicas en relación a la ley de Dependencia, convirtiendo derechos subjetivos en efímeros y de papel.

Destacan que hay 292.792 personas en listas de espera y que cada 15 minutos fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley. La entidad denuncia que los presupuestos no llegaron a tiempo para las 45.360 personas que fallecieron el año pasado, resaltando la importancia de esta política para la ciudadanía.