VALLADOLID, 18 de noviembre.

En un caso que pone de relieve los riesgos asociados a la operación de la banca online, la Audiencia Provincial de Valladolid ha dictado una condena de dos años de prisión contra un individuo que, en julio de 2020, utilizó fraudulentamente las claves de acceso de dos clientes del Banco Santander. Este hombre, tras apoderarse de sus credenciales, realizó transferencias a su propia cuenta por un total de 57.500 euros, lo que coloca en el centro del debate la seguridad y la protección de los datos personales en el ámbito financiero.

El acuerdo al que llegó el acusado con la fiscalía resulta significativo, dado que inicialmente se había solicitado una pena de tres años de cárcel, además de una multa de 3.240 euros y la obligación de reembolsar la cantidad sustraída a las víctimas. A través de la sentencia de conformidad, que fue anunciada de manera verbal por el presidente de la Sección Segunda de lo Penal, el condenado, conocido como Daniel B.E., se declaró culpable de un delito continuado de estafa, beneficiándose de una atenuante por haber comenzado a reparar el daño.

A la condena de prisión se suma el pago de una multa de 1.080 euros y la responsabilidad de devolver a Banco Santander los 37.500 euros que restan de la cantidad defraudada, una obligación que el condenado ha aceptado cumplir en múltiples plazos de 4.000 euros mensuales durante los próximos nueve meses. Este compromiso, que fue comunicado a Europa Press, subraya la necesidad de que los infractores asuman las consecuencias de sus actos, así como la importancia de restaurar la confianza en el sistema.

La secuencia de hechos es reveladora; el condenado logró apoderarse del dinero mediante el acceso a las cuentas bancarias de las víctimas, perpetrando la primera transferencia el 21 de julio de 2020 por un monto de 28.000 euros, y continuando su actuación dos días después con otra transacción de 29.500 euros, ambas dirigidas a su cuenta personal. Este caso resalta la vulnerabilidad de ciertos sistemas y la necesidad urgente de medidas más robustas para proteger a los consumidores y salvaguardar su información financiera.