VALLADOLID, 16 de diciembre. En una jornada marcada por la movilización y la unión, decenas de personas se han congregado este lunes en diversas ciudades de Castilla y León, respondiendo a la convocatoria de la Central Sindical Independientes y de Funcionarios (CSIF) para demandar mejores condiciones laborales para los empleados públicos, así como la continuidad de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface).

Las manifestaciones, que comenzaron a las 12:00 horas, se llevaron a cabo frente a las subdelegaciones del Gobierno en las capitales de provincia, siguiendo el ejemplo de otras ciudades españolas. Este ejercicio de reivindicación tiene un trasfondo claro: la necesidad de escuchar y atender las exigencias de quienes dedican su vida al servicio público.

En Valladolid, Benjamín Castro, presidente de CSIF en Castilla y León, recordó la larga trayectoria de Muface, que opera desde 1975. Castro instó al Gobierno central a salir de su "inmovilismo" y a actuar pensando en el bienestar de los empleados públicos. En sus declaraciones, advirtió del impacto que tendría la desaparición de Muface, cifrando en alrededor de 77,000 el número de funcionarios directamente perjudicados y 200,000 si se consideran pensionistas y otros beneficiarios.

El presidente de CSIF apuntó que la situación podría colapsar el sistema de salud en la región, sugiriendo que “una provincia como León se vería inmersa en el sistema de Sacyl de un solo golpe”, lo que generaría una presión insostenible. No obstante, dejó clara la postura del sindicato: cualquier cambio en el sistema mutualista debe hacerse “de manera pactada” y “con la debida seguridad jurídica”, añadiendo la urgencia de mejorar las condiciones laborales de los funcionarios.

Desde la formación sindical hicieron hincapié en que, desde la constitución del Gobierno en noviembre de 2023, no se ha llevado a cabo la convocación de la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar estos temas críticos. En este sentido, la subida salarial para el próximo año y la oferta de empleo público para 2025 son cuestiones prioritarias que requieren atención inmediata, especialmente ante la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

En otro plano, el Tribunal Constitucional aceptó un recurso de amparo presentado por CSIF en relación con la negativa de la mesa del Congreso a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular, que busca restaurar la estructura salarial de los empleados públicos a niveles anteriores a los recortes impuestos en 2010 por el entonces presidente Zapatero.

Las peticiones del sindicato no se limitan a salarios. También se clama por una corrección de las desigualdades retributivas en la Administración General del Estado, donde los empleados públicos reciben de media 8,000 euros menos al año en comparación con sus compañeros en administraciones autonómicas o locales. Este llamado a la justicia salarial fue subrayado por José María Guerrero, secretario provincial del sindicato en Segovia, ciudad donde aproximadamente 40 afiliados se unieron a la manifestación.

En Segovia, se estima que unas 2,000 personas se verían afectadas por la posible eliminación de Muface, un desafío que requiere una “solución” activa, como se pidió también en Burgos, donde Beatriz Díaz, presidenta de CSIF en la provincia, enfatizó que la continuidad de Muface es una “condición laboral”, no un privilegio, y que los trabajadores están experimentando incertidumbre debido a las comunicaciones de aseguradoras que posponen o anulan citas médicas.

Las protestas también resonaron en Zamora, donde cerca de medio centenar de personas se manifestaron en defensa del mutualismo administrativo. Rosa María Herrero, presidenta del sindicato en la provincia, dejó claro que no se quedarán “de brazos cruzados” ante el abandono gubernamental y subrayó la necesidad de negociar un aumento salarial y mejorar las condiciones de jubilación para ciertos sectores laborales.

En la provincia de Soria, Mariano Prieto alertó que 4,500 mutualistas están en riesgo debido al posible desmantelamiento de Muface, cifra que se amplía a 10,000 si se consideran a sus familiares. Hizo un llamado a buscar “una salida razonable” mediante negociación y enfatizó la urgencia de mejorar las condiciones laborales.

Por su parte, en Ávila, Alfonso Sánchez Galán criticó la “incertidumbre” generada por la situación actual de Muface y demandó con firmeza al Gobierno y a las aseguradoras que se apuren a encontrar una solución que beneficie a todos los involucrados, subrayando que lo que está sucediendo “no es normal”.

Finalmente, en León, más de un centenar de personas se unieron a la protesta, destacando que cerca de 17,200 funcionarios estarían afectados si se elimina el sistema sanitario relacionado con Muface. Ofelia Rodríguez, presidenta de CSIF en Castilla y León, destacó que este “desconcierto” está limitando ya el acceso a consultas médicas para los mutualistas.

En Salamanca, también se llevó a cabo una manifestación donde los afiliados a CSIF pidieron tanto la preservación de Muface como un aumento salarial para los funcionarios de la Administración General del Estado. Por su parte, en Palencia, la protesta se centró en la defensa del sistema mutualista, señalando que 2,000 trabajadores y 6,000 beneficiarios se quedarían sin sus prestaciones, tal como afirmó Eduardo Laso, presidente de CSIF en la provincia, quien además exigió la convocatoria de la Mesa General de Empleados y Administraciones Públicas y un incremento salarial justo.