VALLADOLID, 1 de enero. Castilla y León arranca el nuevo año con la prórroga de su presupuesto, marcando un nuevo hito al ser la octava vez en la historia de la región que se toma esta medida. De hecho, cinco de esos casos han ocurrido en los últimos seis años, bajo unas circunstancias que evidencian la dificultad del gobierno regional para establecer un marco financiero estable. En esta ocasión, aunque se ha conseguido aprobar el techo de gasto no financiero para 2025, las cuentas se encuentran todavía en la fase de anteproyecto de ley.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presentó el anteproyecto tras un Consejo de Gobierno Extraordinario en octubre, donde se estableció el techo de gasto en 13.490,50 millones de euros, lo que representa un aumento del 3,82 por ciento. Además, el borrador del presupuesto propuesto por el PP, que ha aumentado un 3,58 por ciento, se eleva a 15.084 millones de euros, lo que lo convierte en el más alto de la historia. Este esfuerzo ha sido llevado a cabo sin la colaboración de Vox, tras su salida del ejecutivo autonómico en julio.

La Junta se ha visto obligada a sostener el anteproyecto como base para negociar con otros grupos parlamentarios; en este sentido, la ausencia de Vox en las negociaciones ha complicado el camino hacia un acuerdo que permitiese la aprobación del presupuesto en Consejo de Gobierno, lo que es un requisito esencial para su presentación en las Cortes. Los diferentes partidos han establecido esta condición como parte de su evaluación del respaldo a las cuentas.

La falta de consenso ha llevado a que Castilla y León inicie 2025 con la prórroga del presupuesto de 2024, que había sido establecido en 14.562 millones de euros y que fue aprobado el 30 de abril del año pasado. Este presupuesto de 2024 también comenzó sin un marco financiero definido, lo que plantea interrogantes sobre la gestión económica en la comunidad.

La prórroga fue aprobada en el Consejo de Gobierno el pasado 26 de diciembre y ha comenzado a regir desde el 1 de enero. Sin embargo, establece que la disponibilidad de los créditos depende del cumplimiento de la normativa sobre el déficit público que se ha comunicado para 2025, fijado en el 0,1 por ciento del PIB regional, lo que añade una capa de incertidumbre en la gestión fiscal local.

Es pertinente señalar que esta prórroga no afectará a los créditos destinados a gastos relacionados con proyectos que hayan concluido en 2024, ni a aquellos financiados con recursos que no puedan ser prorrogados, lo que podría complicar la continuidad de ciertas iniciativas que dependen de estos fondos.

La norma que regula esta prórroga lleva las firmas del presidente de la Junta y del consejero de Economía y Hacienda, quienes hacen eco del artículo 89.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Este artículo estipula que si un proyecto de Presupuestos no es aprobado antes del inicio del ejercicio, quedarán automáticamente prorrogados los del año anterior, lo que refuerza el protocolo establecido en la comunidad.

El presupuesto de 2023 fue el último que vio la luz al inicio del año, aunque careció de la correspondiente Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, un desliz atribuido a un malentendido entre los grupos que sustentarían al gobierno. Este precedente analiza el contexto en el que se desarrollan las negociaciones actuales.

En años anteriores, las prórrogas han sido la norma en situaciones similares, como en 2022, cuando el presupuesto prorrogado fue resultado de la disolución de las Cortes por un adelanto electoral. En ese momento, el gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos había avanzado en la tramitación, pero se truncó abruptamente.

A pesar de las dificultades, la Junta de Castilla y León ha logrado presentar un anteproyecto de presupuestos, algo que fue notable tras otros años en los que las cuentas simplemente no se tramitaron. Este esfuerzo es un reflejo de la voluntad de avanzar a pesar de los numerosos obstáculos, aunque la situación financiera sigue siendo incierta.

Al repasar el historial de prórrogas anteriores, encontramos diversas ocasiones en las que se optó por este recurso bajo distintas circunstancias. Desde la triple prórroga del presupuesto de 2018 hasta las de 2011 y 2016, es evidente que la falta de acuerdo en los presupuestos representa un patrón recurrente que plantea interrogantes sobre la capacidad de los gobiernos para gestionar situaciones de crisis económica y política.

La historia de las prórrogas en Castilla y León no es sólo una cuestión administrativa; revela un entramado de decisiones políticas que han llevado a la comunidad a contar con un marco de gasto que, repetidamente, queda atrapado en la incertidumbre. Además, las experiencias anteriores muestran cómo la falta de información y la presión política pueden influir decisivamente en la estabilidad financiera de la región.

En conclusión, la actual prórroga de los presupuestos pone de manifiesto una vez más los desafíos a los que se enfrenta Castilla y León en su búsqueda de un consenso político que garantice un marco financiero sólido. Esta situación plantea preguntas sobre la dirección futura del gobierno y su compromiso con el desarrollo económico sostenible de la comunidad.