VALLADOLID, 1 de enero. Castilla y León comienza el nuevo año con las cuentas públicas prorrogadas, fenómeno que ha adquirido una dimensión inusual, ya que las presupuestos de 2024 se han prorrogado nuevamente, abarcando 2025 y extendiéndose hasta 2026, un año que se antoja crucial por ser electoral.

Las cuentas que rigen actualmente en la comunidad suman un total de 14.562 millones de euros. Este presupuesto fue ratificado el 30 de abril de 2024 por un gobierno de coalición entre el PP y Vox, marcando así el cierre de la prórroga anterior vinculada a las cuentas de 2023, que habían estado en vigor al inicio de ese mismo año.

El inicio de 2026 representa la novena vez en la historia de la comunidad que se opta por prorrogar un presupuesto, siendo la sexta vez en siete años. Desde 2023, solo se ha inaugurado un año con nuevos presupuestos, y ese fue sin la acompañante Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, que no fue aprobada debido a controversias internas entre los partidos que forman la Junta.

En un giro notable respecto al año pasado, cuando el proyecto del presupuesto para 2025 se quedó en el limbo de la anteproyecto, la Junta ha presentado un presupuesto para 2026, aunque esta iniciativa fue rechazada en el debate del 20 de noviembre por todos los grupos de oposición: PSOE, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y los procuradores del Grupo Mixto, como Pablo Fernández y Francisco Igea.

Pero a pesar de este fracaso, el Gobierno ha conseguido aprobar el techo de gasto no financiero para 2026, gracias a la abstención del Grupo Parlamentario Socialista, en un intento por facilitar el avance del presupuesto que, sin embargo, no llegó a concretarse.

Así, Castilla y León continúa su camino hacia 2026 con una segunda prórroga de presupuestos ya existentes, que fueron aprobados exclusivamente por el PP y Vox, sin considerar las más de 2.300 enmiendas propuestas por la oposición durante el último periodo parlamentario de abril de 2024.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado su compromiso de presentar nuevamente el proyecto de presupuestos para 2026 tras las elecciones de este año, cuya fecha límite para realizarse es el 15 de marzo.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó recientemente un Decreto que regula la prórroga de los presupuestos de 2024, destacando que esta prórroga tiene una "ventaja" al contar con un límite de gasto no financiero ya aprobados por las Cortes, lo que establece un marco claro para el déficit y la deuda del nuevo ejercicio.

El Decreto también enfatiza la necesidad de normas de gestión del gasto aplicables a los créditos prorrogados, asegurando la continuidad de la mejora salarial para los empleados públicos desde enero y garantizando los compromisos relacionados con la prevención y el control de incendios. Además, aclara que la prórroga no afectará a los gastos de iniciativas que hayan concluido en el ejercicio vigente o que cuenten con recursos cuya vigencia no puede extenderse.

La última vez que la comunidad vivió una situación similar fue en 2024, cuando comenzó el año bajo el marco de los presupuestos de 2023, que sí fueron aprobados tradicionalmente el 1 de enero, aunque sin la Ley de Medidas que los acompañara debido a un "malentendido" en la aprobación de enmiendas que finalmente fueron rechazadas.

Históricamente, las prórrogas presupuestarias han sido una constante en Castilla y León, desde la triple prórroga del presupuesto de 2018 hasta las más recientes de 2022, cuando la disolución de las Cortes llevó a un adelanto electoral justo antes de un debate crucial sobre las cuentas públicas.

Aunque en los años 2019 y 2020 no se tramitaron cuentas, en 2022 sí se presentó un proyecto que contemplaba 12.835 millones de euros. Este esfuerzo se frustró en el último minuto debido a la disolución de las Cortes, echo que reflejó la inestabilidad política en la región.

Las decisiones de prorrogas anteriores, como las de 2012 y 2017, demuestran un patrón de respuesta ante circunstancias adversas que han marcado la historia presupuestaria de Castilla y León, donde las decisiones de prórroga han sido unas veces medidas temporales y otras, asumiendo cambios económicos a largo plazo.

En definitiva, el panorama de las cuentas públicas en Castilla y León se encuentra marcado por una serie de prorrogas sucesivas que evidencian la necesidad de una reflexión profunda sobre la gestión financiera y la estabilidad política en la comunidad autónoma.