VALLADOLID, 21 Ago. — La Junta de Castilla y León se ha comprometido a cubrir el total de los gastos relacionados con el alojamiento para quienes han perdido sus viviendas debido a incendios, asegurando que no habrá ni un límite temporal ni de renta para estas ayudas.

Isabel Blanco, vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, hizo esta declaración tras la reunión del Consejo de Gobierno, donde estuvo acompañada por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Juntos informaron a la prensa sobre las nuevas medidas de apoyo a los afectados.

Blanco explicó que estas ayudas son parte de un paquete de medidas de emergencia social que forman parte del Acuerdo Marco de Servicios Sociales, que ha recibido una adenda de 23.724.314 euros para el período 2024-2027. Este esfuerzo busca brindar apoyo a las familias que requieren ser reubicadas temporalmente debido a daños en sus viviendas.

La vicepresidenta subrayó que el objetivo es garantizar que quienes necesitan ser realojados, ya sea en familias, residencias o alojamientos temporales, tengan cubiertos sus gastos de alquiler al 100% mientras dure su situación de emergencia, sin restricciones en el tiempo o en los costos.

Para avanzar en este proceso, la Dirección General de la Vivienda está realizando visitas a los municipios impactados por los incendios para evaluar las necesidades específicas de cada caso y así proporcionar una respuesta adecuada y rápida.

Además, Blanco enfatizó que las ayudas no solo abarcan situaciones de alojamiento, sino que también ofrecen fórmulas como habilitar plazas en residencias para personas mayores o vulnerables, así como cubrir costes de hoteles, haciendo énfasis en la elasticidad y adaptabilidad de estas respuestas a las necesidades individuales.

Estas nuevas ayudas complementan una asistencia que fue anunciada previamente por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que estableció un apoyo de 500 euros por cada unidad familiar evacuada. Blanco aclaró que estas iniciativas son complementarias y forman parte de un enfoque integral para ayudar a los afectados.

El mayor parte de la adenda firmada se destinará a fortalecer el servicio de ayuda a domicilio, crucial para que las personas mayores y aquellas en situación de dependencia puedan continuar viviendo en sus hogares con la atención adecuada. Se destinarán 18.870.000 euros para incrementar estas prestaciones, lo que elevará el presupuesto total a 415 millones de euros durante los próximos cuatro años, lo que significa un incremento del 36%.

La vicepresidenta afirmó que se destinarán 4,25 millones más a las retribuciones del personal técnico en Servicios Sociales, buscando equiparar sus salarios y enfrentar los aumentos recientes en retribuciones. Además, se incorporarán 25 nuevos profesionales, aumentando a un total de 1.429 trabajadores, de los cuales más del 50% operan en áreas rurales.

Asimismo, se actualizarán los fondos para la atención en residencias y centros de día para mayores en situación de dependencia, con un incremento de 556.372 euros, lo que permitirá mantener las plazas disponibles en estas instituciones y fortalecer las formaciones para cuidadores no profesionales en ciertas localidades.

Finalmente, Blanco recordó que el Acuerdo Marco que regula la cofinanciación de equipos de acción social básica y programas de Servicios Sociales es esencial para la cooperación y coordinación entre el Gobierno autonómico y las corporaciones locales, asegurando estabilidad y calidad en la atención a las personas más vulnerables, involucrando en este esfuerzo a un total de 26 entidades locales.