BRUSELAS/VALLADOLID, 21 de noviembre. En un claro llamado a fortalecer la autonomía de las comunidades autónomas, la Junta de Castilla y León ha solicitado que en la próxima reunión de la Comisión Europea se priorice la distribución de los fondos de cohesión territorial considerando las necesidades y capacidades decisionales de estas regiones. Este enfoque permitiría que las comunidades designen cómo utilizar los recursos económicos de manera que se adapten a sus circunstancias únicas.

La petición fue expuesta por la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, durante su participación en el 163 Pleno del Comité Europeo de las Regiones, un foro clave que reúne a representantes de diversas regiones y ciudades de Europa. Blanco enfatizó la necesidad de que se visibilice la realidad de Castilla y León, con el objetivo de implementar políticas que fomenten el desarrollo y generen nuevas oportunidades para el futuro de la comunidad.

Isabel Blanco, quien además ocupa el cargo de consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, participó en la elaboración de dos dictámenes de trascendental relevancia en el Pleno: uno centrado en la cohesión territorial y otro que aborda la cooperación transfronteriza. Estos debates son vitales para Castilla y León, una región caracterizada por su dispersión geográfica y que demanda programas europeos que respondan a sus retos específicos.

Sumado a esto, la localización de Castilla y León, que limita con Portugal, posiciona a la región en un contexto transfronterizo que requiere de una cooperación territorial robusta y eficaz. La vicepresidenta ha señalado que esta colaboración resulta esencial para el desarrollo sostenible del territorio, señalando que, en muchas de estas áreas, los costos de servicios básicos como la sanidad, educación y atención social son un 50% más elevados.

Ante esta situación, Blanco ha urgido la necesidad de implementar medidas que faciliten la simplificación administrativa y reduzcan la burocracia, así como la unificación de normativas diversas. Estas acciones son fundamentales para que, a través de una verdadera colaboración interterritorial, se logre ofrecer servicios más eficientes y accesibles, contribuyendo así al bienestar de la población y a un desarrollo equilibrado en la región.