VALLADOLID, 9 de enero.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha revelado un nuevo modelo de financiación autonómica que destinará, a partir de 2027, 271 millones de euros adicionales anuales para Castilla y León. Este incremento representa aproximadamente el 1,3% del total de 21.000 millones de euros que se distribuirán entre todas las comunidades autónomas.

Según ha explicado el delegado del Gobierno en la región, Nicanor Sen, esta comunidad será la principal beneficiaria del nuevo criterio de población ajustada, que establece que su población ajustada supera en un 9,7% la cifra real. Esto se debe a su amplia superficie y a su situación geográfica, que afecta a la dispersión de la población.

Sen presentó estas novedades en una rueda de prensa donde enfatizó la necesidad de abordar la financiación autonómica con "datos claros y con una actitud responsable". Destacó que, si se aprueba este modelo, Castilla y León podría recibir un total de 1.355 millones de euros adicionales hasta 2031, mejorando así los recursos disponibles para su desarrollo.

El modelo propuesto también asegura que la comunidad se beneficia de la solidaridad interterritorial, situándose entre las que más recursos obtienen tanto a nivel horizontal como vertical, además de contar con financianización de un nuevo fondo climático.

El delegado del Ejecutivo subrayó la importancia de centrarse en cifras concretas en lugar de entrar en debates abstractos o conflictos políticos, con el fin de garantizar políticas públicas efectivas en áreas vitales como vivienda, educación, transporte y sanidad, independientemente del lugar donde las personas residan.

Sen hizo un llamado a la Junta de Castilla y León para que participe en la discusión del nuevo modelo y presente sus propuestas para mejorar el borrador inicial. Recordó que el sistema de financiación actual lleva mucho tiempo sin ser actualizado, lo que genera incertidumbre y dificulta la planificación de servicios públicos esenciales.

Uno de los pilares del nuevo modelo es el criterio de población ajustada, que toma en cuenta diversas variables demográficas y socioeconómicas para calcular el número de habitantes de cada comunidad y las necesidades de financiación asociadas. Esto significa que, por ejemplo, comunidades con una población envejecida requerirán mayores gastos en atención sanitaria, mientras que otras, con más niños en edad escolar, tendrán que destinar más fondos a la educación.

La propuesta del Gobierno incluye mejoras en la metodología para calcular la población ajustada, considerando variables como la población empadronada, que representa el 30% de la ponderación total. Además, se incorporará un nuevo cálculo para el gasto sanitario, dividido en 20 grupos de edad, en lugar de los siete utilizados anteriormente, representando el 38% de la ponderación.

El delegado del Gobierno también criticó la contradicción en la postura del Ejecutivo autonómico, que pide más recursos, pero al mismo tiempo se niega a participar en los espacios de discusión que establecerían las reglas del juego para los próximos años. Esto, según Sen, es irresponsable y perjudica a la región.

En conclusión, el delegado hizo un llamado a la responsabilidad a la Administración autonómica, subrayando que aún queda trabajo por hacer para avanzar en la aprobación del nuevo modelo en las Cortes Generales.