Un clan familiar lidera un grupo empresarial de la industria de la pizarra que utilizaba a los trabajadores como testaferros, según ha revelado una operación llevada a cabo por la Policía Nacional y la Tesorería General de la Seguridad Social. La operación, denominada "Dorma", se ha desarrollado en las provincias de León y Lugo y ha permitido desmantelar una trama que defraudó a la Seguridad Social más de cinco millones de euros. Como resultado de la operación, se han detenido a catorce personas.

Las investigaciones se iniciaron en marzo de ese año a raíz de una denuncia presentada por la Tesorería General de la Seguridad Social, en la que se alertaba de diversas prácticas irregulares llevadas a cabo por los administradores de diferentes empresas del sector. Estas empresas, que formaban un grupo empresarial liderado por una familia, habían constituido o adquirido sociedades con el único objetivo de eludir el pago de cotizaciones sociales a la Seguridad Social.

La trama también utilizaba personas interpuestas para ocultar a los verdaderos responsables de las empresas, en una operación que estaba "perfectamente organizada" y diseñada para defraudar. El grupo actuaba de forma coordinada, con intereses comunes y una dirección única. Además, realizaban diversas prácticas fraudulentas, como la facturación a terceros de la pizarra extraída por otras empresas del grupo, y manipulaban los negocios de transmisión de las concesiones públicas de extracción de pizarra.

El objetivo principal del grupo era centralizar la deuda con la Seguridad Social en la sociedad matriz, mientras que las ventas generadas por la extracción de pizarra se realizaban a través de otras sociedades que no tenían deudas. De esta forma, evitaban que las ganancias fueran embargadas al ocultar la verdadera situación del negocio. Gracias a esta estrategia, el grupo se consolidó como uno de los principales productores de pizarra en la zona.

Además de estas prácticas fraudulentas, el grupo empresarial también utilizaba a los trabajadores en beneficio propio. Las empresas daban de alta y de baja a los empleados de manera conjunta y coordinada, y realizaban trasvases masivos de trabajadores cuando lo consideraban necesario. Los empleados, amenazados con el despido, no tenían otra opción que aceptar los cambios de empresa ordenados por los responsables del grupo.

Para ocultar a los verdaderos responsables de las empresas, el grupo utilizaba testaferros, en su mayoría ex trabajadores sin experiencia en la administración de empresas. Además, realizaron supuestas ventas de bienes que no reducían la deuda contraída y adquirieron nuevos bienes sin solicitar financiación externa, lo que evidencia su intención de distraer su patrimonio en lugar de pagar lo que debían.

Según las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional, el perjuicio económico causado a la Seguridad Social asciende a más de cinco millones de euros. Esta cifra podría haber sido aún mayor de no ser por las actuaciones policiales, ya que se detectaron nuevos intentos de descapitalización de las empresas para dificultar las acciones ejecutivas de la Seguridad Social.