VALLADOLID, 23 de diciembre. La Guardia Civil de Valladolid ha iniciado una investigación contra un conductor que fue descubierto viajando a una velocidad alarmante de 233 kilómetros por hora en la autovía A-62, en el término municipal de Alaejos. Cabe destacar que en esta zona la velocidad permitida está restringida a 120 kilómetros por hora, lo que pone de relieve la seriedad de la infracción, según informaron fuentes del Instituto Armado a Europa Press.

Los incidentes sucedieron cuando un cinemómetro móvil detectó el Audi RS Q3 Sportback que manejaba el investigado, superando en más de 110 km/h el límite establecido. Esta infracción se registró específicamente en el kilómetro 188 de la carretera A-62, en dirección hacia Burgos, donde la regulación de velocidad es clara y debe ser respetada para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

De inmediato, las autoridades establecieron un operativo para localizar el vehículo en cuestión. La rápida acción de una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Tordesillas permitió interceptar al vehículo infractor en el kilómetro 155 de la misma autovía, demostrando la eficacia de la colaboración y los recursos desplegados por los cuerpos de seguridad en la prevención de delitos viales.

Una vez detenido, el equipo de siniestros viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil comenzó a investigar el caso, ateniéndose a las normativas de seguridad vial. Las diligencias correspondientes han sido enviadas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid, que tomará las riendas del asunto judicialmente.

En este contexto, es relevante señalar que el Código Penal, en su artículo 379, establece las sanciones para quienes infrinjan las normas de tráfico de manera tan flagrante. Aquellos que sean sorprendidos conduciendo a velocidades superiores a 60 km/h en vías urbanas o 80 km/h en vías interurbanas por encima de lo permitido enfrentan penas de prisión de tres a seis meses, multas de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Además, los infractores arriesgan la privación del derecho a conducir vehículos por un periodo que puede oscilar entre uno y cuatro años.