Ecologistas en Acción (EA) ha denunciado a la Junta de Castilla y León por lo que consideran una evasión de la normativa tanto ambiental como urbanística en relación con el proyecto para un nuevo complejo de energías renovables en Puente Castro, ubicado en León.

La organización ecologista emitió un comunicado en el que informa que, el pasado 11 de diciembre, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León la aprobación de un Proyecto Regional liderado por SOMACYL, que prevé la instalación de un ambicioso complejo de energías renovables en la región.

Este complejo incluirá una central térmica con una potencia de 88 megavatios, la cual utilizará biomasa forestal para la generación de calor. También contempla una planta de biogás que permitirá el tratamiento anual de 55.530 toneladas de residuos sólidos urbanos y lodos de depuradora. Además, se proyecta una instalación para la producción de hidrógeno, que generará 756 toneladas anuales utilizando agua del sistema de abastecimiento urbano de León, así como una planta solar fotovoltaica de 6,3 megavatios, que proporcionará energía eléctrica al propio complejo industrial.

Lo llamativo de esta gestión ha sido el hecho de que, en un plazo de solo 45 días y con las festividades navideñas de por medio, se ha abierto a información pública un conjunto de documentos técnicos que evalúan y autorizan medioambientalmente estos cuatro destacados proyectos.

Junto a esto, la Junta ha intentado avanzar en la urbanización de terrenos clasificados como suelo rústico con protección natural y especial según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), donde cualquier actividad industrial está prohibida. Sin embargo, el Proyecto Regional clasifica estos terrenos como suelo urbano consolidado, ignorando así tanto el planeamiento municipal como la legislación urbanística vigente en Castilla y León.

De acuerdo con la Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, los Proyectos Regionales deben instrumentalizarse como mecanismos que regulen la ordenación del territorio, garantizando la planificación y ejecución inmediata de infraestructuras que se consideren de interés público o social para la comunidad. Para ello, estos proyectos deben tener una justificación basada en su 'incidencia supramunicipal'.

Más allá de este enfoque supramunicipal, la jurisprudencia ha venido a aceptar que algunos proyectos pueden calificarse de interés singular para la Comunidad, especialmente cuando no sean viables por los cauces urbanísticos ordinarios y deban ser tramitados a través de procedimientos excepcionales.

Desde Ecologistas en Acción se ha puesto en tela de juicio la legitimidad de la Junta al invocar este tipo de proyectos, señalando que su implementación en Puente Castro no presenta un interés real para la comunidad. "Las justificaciones relacionadas con el cambio climático y las energías renovables, que se aplican en múltiples proyectos fotovoltaicos y eólicos en la región, no constituyen un argumento suficiente si no existe una justificación clara de su interés regional, dado que su impacto es fundamentalmente local", argumentan.

Además, la organización ha subrayado que la modificación del PGOU y la autorización de proyectos concretos no pueden ser gestionadas bajo los procedimientos habituales que garantizan una debida evaluación y control.

Entre sus objeciones al proyecto de Puente Castro, EA destaca la necesidad de llevar a cabo una evaluación ambiental estratégica antes de abordar la evaluación de impacto y la autorización ambiental de cada uno de los proyectos propuestos.

Asimismo, los ecologistas advierten sobre el riesgo de desproteger suelos rústicos que gozan de una protección natural especial, enfatizando que las condiciones que dieron pie a esta protección en 2004 no han cambiado, limitándose la decisión a una mera conveniencia de ubicación para las nuevas instalaciones.

Finalmente, también han defendido que no se han presentado alternativas viables de ubicación, lo cual es crucial para confirmar que esta localización es realmente la más adecuada.

Cabe mencionar que la concesión de este proyecto aún espera una resolución debido a un recurso contencioso-administrativo presentado por la misma asociación contra el Ayuntamiento de León por un presunto incumplimiento del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Ecologistas en Acción de León ha expresado su firme oposición a la creación de grandes instalaciones de combustión en zonas urbanas como la que se plantea en Puente Castro, aunque se muestran abiertos a apoyar el desarrollo de redes de calor a nivel de barrio, siempre que existan respaldos vecinales, una demanda concreta y estudios exhaustivos de viabilidad económica.

La asociación demandante ha rechazado de forma categórica lo que consideran una "imposición" de estos proyectos, que han sido tramitados sin seguir los procedimientos ordinarios necesarios para garantizar la transparencia ambiental y urbanística, así como por el hecho de que la participación ciudadana se ha visto gravemente afectada por acuerdos ya establecidos entre el Ayuntamiento y la Junta.