León, 16 de septiembre. Ecologistas en Acción ha lanzado una alarma sobre el serio peligro que enfrentan los acuíferos en la provincia leonesa, consecuencia de los devastadores incendios forestales recientes. La organización ha hecho un llamado urgente a las autoridades pertinentes para que se realicen evaluaciones y controles en la calidad del agua.

Los ecologistas destacan que uno de los efectos más preocupantes tras los incendios es la posibilidad de contaminación de los acuíferos en las áreas afectadas. Este fenómeno podría alterar de manera significativa las propiedades del agua, comprometiendo así su aptitud para el consumo humano.

De acuerdo con investigaciones del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), respaldadas por colegios profesionales de Ingeniería Forestal, se ha comprobado que, luego de un incendio, las cenizas son arrastradas por la lluvia hacia el suelo, provocando una contaminación a largo plazo de los acuíferos subterráneos en las zonas quemadas.

Las cenizas no solo elevan el pH del agua, generando un desequilibrio químico, sino que también introducen residuos peligrosos resultantes de la combustión. Estos contaminantes incluyen metales pesados como el antimonio, arsénico, mercurio, plomo, cadmio y cromo, así como sustancias cancerígenas como el benzopireno, presente en los hidrocarburos aromáticos policíclicos.

Adicionalmente, la pérdida de vegetación que acompañan estos eventos reduce la capacidad de evapotranspiración e infiltración de agua, lo que ralentiza la recarga natural de los acuíferos afectados, según ha confirmado el comunicado de Ecologistas en Acción enviado a Europa Press.

Frente a la gravedad de la situación, la organización ecologista ha enviado cartas a la Dirección General de Minas, que es la entidad encargada de la concesión y gestión de aguas minerales, y a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), instando a que se evalúe y monitoree el estado presente y futuro de los acuíferos dañados por los incendios, exigiendo un cumplimiento "estricto" de la normativa vigente.

La Dirección General de Minas, como entidad reguladora autónoma, tiene a su cargo la tarea de declarar un acuífero como mineral natural o minero medicinal para la producción de agua embotellada. Para conseguir este estatus, se deben cumplir rigurosas exigencias fisicoquímicas.

En la actualidad, se encuentran en trámite dos proyectos de gran impacto ambiental en la provincia: la planta de Bezoya-Jamuz en Quintanilla de Flórez y el manantial de 'La Borrazal' en Pobladura de la Sierra, ambos ubicados en zonas devastadas por el fuego.

Ecologistas en Acción ha manifestado que es probable que las condiciones bajo las cuales se otorgaron las declaraciones de agua mineral natural hayan sufrido un "notable deterioro", lo que podría resultar en que no se cumplan los estándares necesarios para dicho reconocimiento.

En este contexto, la organización ha subrayado que, bajo el principio de precaución, es imperativo verificar el estado actual de las aguas y su evolución durante el tiempo que persista la contaminación. También han solicitado la suspensión cautelar de las declaraciones de Agua Mineral Natural (DAMN) y de los procedimientos de aprovechamiento de estas aguas en curso.

Esto podría llevar a la revocación de dichas declaraciones si se determina que la calidad del agua ya no satisface los requerimientos que fundamentaron su concesión inicial.