El 9 de enero en Valladolid, Ecologistas en Acción, que actúa como acusación popular en el juicio relacionado con "la trama eólica", ha emitido una declaración contundente sobre la conducta de los once acusados, liderados por Rafael Delgado, entonces viceconsejero de Economía. La organización argumenta que, durante el periodo en cuestión, se ejecutó un verdadero "golpe de Estado" en el ámbito de la competencia. Este golpe, sostienen, se evidenció a través de la creación engañosa de condiciones favorables para una supuesta competencia en el sector eólico, así como por la imposición de socios locales en los negocios eólicos de Castilla y León, culminando en la controversial instrucción 2/2004, que otorgó a Delgado un poder desmesurado para autorizar proyectos.

La imputación de "golpe de Estado" está inspirada en declaraciones de un ex jefe del Servicio de Industria de Burgos, quien había expresado su desacuerdo con las directrices que permitían a Delgado dictar quién recibía autorizaciones para operar en el sector. Durante el juicio, el portavoz de Ecologistas en Acción sostuvo que esta instrucción concentraba el poder en Delgado, quien adquirió la facultad de "hacer y deshacer" a su voluntad, poder que hasta antes de 2004 recaía en los responsables de INDUSTRIA de cada provincia.

El acusador enfatizó que lo que estaba en juego era una coerción severa, indicando que "se obligaba a vender: se vendía a quien se designaba y punto". Este hecho no exime a los acusados de responsabilidad penal, incluso si las transacciones se realizaban a precios de mercado. El acusador apuntó que, aunque se alegue que el consejero Tomás Villanueva era el responsable de este sistema, queda claro que todas las órdenes partían de Rafael Delgado.

En su alegato final, el acusador popular solicitó la condena de los procesados por delitos de prevaricación continua, cohecho, blanqueo de capitales, además de acusar a Delgado y a su supuesto testaferro, Jesús Rodríguez Recio, de delitos fiscales. A diferencia de la Abogacía del Estado, que solo imputa delitos fiscales correspondientes a 2012 y 2013, el acusador sostiene que los delitos también abarcan a 2011, donde se habría defraudado una cantidad considerable.

Por su parte, el exdirector general de Deportes de la Junta, Andrés Martín de Paz, también acusado, ha sido objeto de una atención especial en el juicio. Aunque la acusación principal se mantiene, el representante de Ecologistas en Acción reconoció que no se han encontrado pruebas directas en la documentación que señalen una intención explícita por parte de Paz para inducir a los afectados a pactar con él como socio local, afirmando su deseo de garantizar que la justicia sea imparcial en la resolución del caso.

Mientras tanto, los representantes de Inversiones Patrimoniales Hiedra 10 y Altos del Rasero han finalizado sus informes, alineándose con la postura del Fiscal Anticorrupción y reclamando compensaciones millonarias por los daños patrimoniales sufridos. Inversiones Patrimoniales Hiedra 10 reclama 15,69 millones de euros, mientras que Altos del Rasero ha exigido 47,34 millones, argumentando que ambos han sido perjudicados significativamente por la situación creada por los directivos implicados en el escándalo.

La letrada de Inversiones Patrimoniales Hiedra 10 subrayó que su cliente se unió al accionariado de Grupo IDER con la ambiciosa expectativa de desarrollar 14 parques eólicos. Sin embargo, solo cuatro parques, con una potencia total de 114 megavatios, como La Mallada y Cerro Becerril, terminaron siendo vendidos a bajo precio a la empresa SINAE por presiones ejercidas por Delgado. Esta transacción, denuncia el acusador, ha generado un daño financiero de 256 millones de euros al grupo, con una reclamación específica de 15,6 millones de euros por parte de la empresa afectada.

Asimismo, la abogada de Altos del Rasero puso de relieve la historia de su cliente, quien luchó durante casi 15 años por poner en marcha un parque eólico. Sin embargo, las imposiciones y presiones del sistema, lideradas por Delgado, lo llevaron a claudicar, lo que impidió que su proyecto prosperara a pesar de contar con las aprobaciones ambientales necesarias. Ahora, su cliente busca recuperar el daño sufrido por haber sido obligado a desistir de su iniciativa debido a la negativa a ceder ante las exigencias del entorno empresarial vinculado a la trama eólica.

La situación refleja cómo los intereses económicos y las decisiones políticas pueden entrelazarse, resultando en restricciones para los emprendedores locales y en prácticas que afectan gravemente la competencia en el sector. Conforme avanza el juicio, las repercusiones de estos actos se irán exponiendo, evidenciando la complejidad del caso y la necesidad de accountability en este tipo de situaciones en el ámbito público y privado.