24h Castilla y León.

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El Ayuntamiento de Valladolid exige al Gobierno 6 millones por el impuesto de plusvalías.

El Ayuntamiento de Valladolid exige al Gobierno 6 millones por el impuesto de plusvalías.

El Ayuntamiento de Valladolid ha iniciado la vía administrativa para reclamar al Gobierno 6 millones de euros por la pérdida de ingresos que estima que ha tenido desde el ejercicio 2017 debido a los distintos pronunciamientos judiciales en relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como 'plusvalía'.

Como ha explicado este miércoles el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, así se acordó el martes en la Junta de Gobierno Local.

La reclamación se presenta porque el equipo de Gobierno municipal, formado por PP y Vox, entiende que el Ejecutivo central no ha tomado en los últimos años medida alguna "para evitar la cascada de sentencias y devoluciones que afecta a todos los consistorios españoles", como consecuencia de las modificaciones legales que se han producido en los últimos años.

La cantidad reclamada por el Ayuntamiento de Valladolid al Consejo de Ministros del Gobierno de España asciende a 5.955.480,31 euros, cifra que se corresponde con las 3.128 reclamaciones presentadas y asumidas --la mayor parte de ellas entre 2019 y 2022--.

"A fecha actual y partiendo del año 2017, ya se han devuelto casi 6 millones de euros, una cuantía que se incrementará con las nuevas devoluciones que se vayan realizando, y que atiende, en definitiva, a la reclamación de justicia que el Ayuntamiento de Valladolid realizará al Gobierno Central", ha manifestado Blanco.

De las 3.128 reclamaciones presentadas en Valladolid, la mayor parte tuvieron lugar en el año 2022, con un total de 1.236 por valor de 2,11 millones de euros; seguido por 2021, con 665 (1,97 millones de euros); 2020, con 610 reclamaciones por valor de 966.739 euros; y 2019, con 477 por importe de 622.495 euros. A partir de 2023 la cifra ha descendido notablemente.

El concejal 'popular' ha añadido que además de las cantidades devueltas que atribuyen a "la mala regulación del impuesto", la inseguridad generada por ello ha motivado que no se hayan girado impuestos de plusvalías en muchos de los casos.

Así, calcula que en el año 2022, cuando todavía gobernaban en el Ayuntamiento PSOE y Valladolid Toma la Palabra, se recaudaron en el Ayuntamiento 6 millones de euros menos que la media de los años anteriores --la recaudación solía situarse, según Blanco, en torno a 7,5 millones de euros--, algo que considera que "hay que tener en cuenta" al hablar de la economía municipal.

"Las diferentes sentencias judiciales son el resultado de la mala regulación del impuesto y la consecuencia directa es un impacto negativo notable para las arcas municipales. Es obvio que el daño de esa mala configuración de Ley lo asume y lo padece, en este caso, el Ayuntamiento de Valladolid y consecuentemente sus ciudadanos, que ven limitados los recursos municipales disponibles para la prestación de sus servicios", ha explicado Blanco.

El edil ha defendido que en la actuación del Ayuntamiento en estos últimos siete años "la legalidad de la ordenanza fiscal no ha sido cuestionada en ningún momento", que se ha limitado a establecer, exigir y gestionar este impuesto; sino que el problema se ha debido a la "mala regulación contenida en la Ley", algo que considera que "sólo es atribuible al Estado".

Por otra parte, ha destacado la "inseguridad que genera" la aplicación de la normativa del impuesto de plusvalías desde el año 2017 en todos los ayuntamientos españoles; "inseguridad que también se traslada a los sujetos pasivos a la hora de hacer la autoliquidación del impuesto".

Blanco ha recordado que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y "muchos consistorios" se han reclamado sistemas compensatorios de forma urgente para que las entidades locales dispongan de capacidad económica suficiente y de autonomía financiera para continuar ofreciendo los servicios que prestan, entre otras razones, porque así se establece en la Constitución.

Según el concejal de Hacienda es "incompresible que el Gobierno de España siga sin ofrecer soluciones para compensar las mermas económicas sufridas en todos los ayuntamientos españoles", a quienes lamenta que se trata como "el hermano pequeño" entre las administraciones del país.

El equipo de Gobierno alude a las diversas sentencias del Tribunal Constitucional desde 2017 sobre el impuesto de plusvalía y "la falta de actuación del Gobierno de la nación para promover un marco legal adecuado" a su doctrina durante mucho tiempo, hasta la aprobación "unilateral y urgente" del Real Decreto Ley de 8/11/2021, "dictado cuando ya se hizo imposible seguir liquidando el impuesto".

Así, se estima que los municipios españoles perderán casi 4.000 millones de euros por estas decisiones que, en buena lógica, deberían ser compensados por el Estado.

En el Pleno de mayo el Ayuntamiento de Valladolid aprobó una moción que incluía un punto para reclamar al Gobierno central la adopción de medidas oportunas para compensar a los ayuntamientos por las cantidades dejadas de percibir como consecuencia de las sucesivas sentencias que han declarado inconstitucional determinados artículos de la regulación del impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

La propuesta, según Blanco, es compartida por la mayoría de Ayuntamientos dentro de la FEMP, puesto que fue respaldada por la Comisión de Haciendas y Financiación Local de esta Federación.

El concejal del PP ha añadido que ayuntamientos como los de Madrid y Salamanca, gobernados por su mismo partido, emprendieron esta vía administrativa, que fue denegada por el Consejo de Ministros y ya han presentado reclamación ante los tribunales.

Esta iniciativa fue aprobada en la Junta de Gobierno de la FEMP del 29 de marzo de 2022. La nula acogida del Gobierno de la nación de las propuestas realizadas para negociar la forma de compensación de los daños provocados es lo que ha hecho que el Ayuntamiento de Valladolid haya optado por la reclamación patrimonial al Estado para mitigar estos perjuicios.

Francisco Blanco ha explicado que una de las prioridades del Consistorio vallisoletano ha sido no trasladar a los ciudadanos la situación de inseguridad jurídica generada por esta falta de respuesta del ejecutivo de la nación, por lo que en los últimos años se han agilizado las devoluciones del impuesto de plusvalía a los contribuyentes como consecuencia de los recursos y las sentencias citadas.

Por otra parte, Blanco ha recordado que también en el Pleno de mayo se acordó instar al Gobierno de España a promover una nueva ley de financiación de las entidades locales que garantizara los recursos suficientes para la prestación de los servicios públicos básicos en condiciones de eficiencia y equidad como entidades gestoras más próximas a los ciudadanos.

"Los ayuntamientos no podemos consentir que siempre se discuta sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y no se ponga encima de la mesa, al mismo tiempo, promover una nueva ley de financiación local", ha recalcado.