VALLADOLID, 8 de enero. El Fiscal Anticorrupción, Tomás Herranz, ha comenzado su informe con una contundente declaración sobre el caso que investiga: "Se han vulnerado los principios esenciales de objetividad, transparencia y libre competencia". Según Herranz, todos los hechos y la implicación de los once acusados que aún permanecen en el proceso están claramente establecidos, señalando en particular a Rafael Delgado, quien fue primera viceconsejero de Economía y posteriormente secretario del departamento, como el principal artífice de supuestos chantajes a empresarios del sector eólico.

Durante la fase final de su presentación, el fiscal enfatizó que el objetivo de este juicio no es cuestionar si España opera bajo un mercado libre o uno dirigido, sino aclarar la legalidad de situaciones específicas. Haciendo referencia a empresarios que optaron por invertir en energías renovables y se vieron forzados a ceder o vender sus parques, mencionó a firmas como Canon Power, Ider, y Augusta Wind, entre otras, como parte de su argumento.

Herranz sitúa el origen de esta presunta trama en la instrucción 2/2004, que otorgó a Delgado el monopolio sobre la autorización de parques, un poder que anteriormente recaía en los jefes de servicio de Industria en Castilla y León. "La normativa que garantizaba que estas decisiones estuviesen en manos de esos funcionarios fue eliminada. No sabemos si fue idea de Delgado o si ya se hacía así en otros lugares, pero estamos ante actos delictivos", subrayó el fiscal, destacando que la herramienta del avocación debería haberse utilizado de manera excepcional, no como norma general.

A lo largo del proceso, el fiscal insistió en que esta decisión se fundamentaba en intereses ocultos, confirmando las denuncias previas de empresarios como Gregorio Álvarez Cobreros y Ricardo Fuster, quienes expusieron que sufrieron presiones para incorporar socios seleccionados por Delgado. Estos empresarios han corroborado los métodos de coerción que enfrentaron, algo que el marco legal actual no contempla.

Entre las evidencias presentadas por el fiscal, se encuentran listas de parques eólicos y sus trayectorias administrativas, resaltando el caso de Preneal. Este último experimentó una suerte de avance favorable en su trámite administrativo una vez que se realizó un pago a Industrias San Cayetano, cuyos directivos también enfrentan cargos en este escándalo.

Además, el fiscal alertó sobre la circulación de listados de proyectos elaborados por Iberdrola que incluían directamente los nombres de los promotores y los parques a transferir, sugiriendo que esto revela una colusión entre la compañía y Delgado, quien actuaba con libertad para decidir qué proyectos recibirían luz verde.

A pesar de las defensas presentadas, incluida la alegación de Delgado de que la imposición de socios locales era instrucción del entonces consejero de Economía, Fiscalía Anticorrupción descarta esa justificación como una mera excusa. No se ha demostrado que el anterior titular del departamento estuviese involucrado, aunque se ha identificado a San Cayetano Wind y a otros como beneficiarios clave de estas maniobras.

El fiscal también destacó a Alberto Esgueva de San Cayetano Wind, quien obtuvo 47 millones de euros de Iberdrola tras venderle acciones a un precio irrisorio, cuestionando las conexiones entre él y Delgado. "¿Es casualidad que compartieran cargos en la misma entidad y que el director de Energía y Minas visitara a Esgueva para informarle sobre futuros parques?", inquirió irónicamente, subrayando el trato preferencial que San Cayetano recibió en esta situación perjudicial.

Entre los once acusados, el fiscal extendió su análisis hacia otros implicados, incluyendo a un presunto testaferro de Delgado y a empresarios relacionados que también se beneficiaron de este entramado. La suma de las penas solicitadas asciende a 116 años de prisión, con multas que totalizan 648 millones de euros. Rafael Delgado enfrenta la pena más alta, de 42 años, seguido de Esgueva y otros acusados con condenas significativas también propuestas.