VALLADOLID, 7 Nov.

En un movimiento que denota su compromiso con la participación activa en el Diálogo Social, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves un significativo paquete de subvenciones directas destinado a fortalecer a los agentes económicos y sociales. Estas ayudas suman un total de 3.959.860 euros, una inversión crucial para el avance de las políticas sociales en la región.

El propósito de estas subvenciones, de acuerdo con fuentes de la Junta citadas por Europa Press, es garantizar la financiación de los gastos asociados a la participación institucional de estas organizaciones, así como a las funciones que les son asignadas por ley, reafirmando su papel fundamental en el tejido social de Castilla y León.

A través de estas ayudas, se espera que las organizaciones como CCOO, UGT y CEOE Castilla y León puedan cubrir una parte esencial de los costos que involucra su trabajo en la defensa de los derechos sociales. Las acciones que se financiarán incluyen la promoción sociolaboral, la formación y diversas iniciativas alineadas con sus objetivos institucionales.

En términos específicos, la distribución de las ayudas será la siguiente: tanto CCOO como UGT recibirán una asignación de 1.237.702 euros cada uno, mientras que CEOE Castilla contará con una aportación de 1.484.456 euros, un respaldo significativo para asegurar la continuidad de sus actividades.

Principalmente, las subvenciones se destinarán a cubrir gastos de personal, salarios, cotizaciones, prestación de servicios, asesoría jurídica, suministros y otros gastos corrientes vinculados a sus labores de representación. Todos estos esfuerzos se fundamentan en los intereses que les son propios y que están amparados por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

En este contexto, la Junta subraya que la Constitución Española reconoce a los sindicatos y asociaciones empresariales como entidades claves en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales. Este respaldo normativo es vital para el fortalecimiento del tejido social y económico en la comunidad.

Además, se enfatiza que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece el fomento del diálogo social como un principio rector de las políticas públicas, lo que no solo promueve la cohesión social, sino que también implica un reconocimiento explícito del papel de los sindicatos y organizaciones empresariales en la representación de los intereses económicos y sociales de la comunidad.