BURGOS, 10 de febrero. En un caso que ha capturado la atención de la sociedad burgalesa, el Jurado Popular que evalúa las circunstancias de la muerte de Sergio Delgado ha emitido su veredicto, en el cual concluye que no hubo intención de matar por parte de J.L.N., el acusado de haberle propinado un puñetazo el 24 de febrero de 2024.

Según el jurado, no hay pruebas suficientes para afirmar que la agresión se motivara por el origen de Sergio, quien contaba con 32 años en el momento de su fallecimiento y era natural de Valladolid. Este punto fue clave en la deliberación, ya que el jurado considera que la interacción previa entre ambas partes no estuvo influenciada por esta circunstancia.

El jurado decidió, sin embargo, que J.L.N., que tenía 23 años al momento del incidente, es culpable de causar la muerte de Sergio Delgado a través del mencionado puñetazo. Los miembros del jurado sustentan su veredicto en un video que muestra cómo los implicados mantuvieron una conversación durante varios minutos antes de que se produjera la agresión, lo que a su juicio sugiere que no existió un motivo claro detrás del ataque.

Durante la lectura del veredicto, realizada este martes a las 14:00, los jurados afirmaron que aunque el acusado es responsable del ataque, no se puede determinar que él previera que su acción podría resultar en la muerte de Sergio. La decisión se basó en un consenso de ocho votos a favor de esta interpretación, con un voto en contra. Asimismo, el jurado tuvo en cuenta que el estado de embriaguez de la víctima pudo haber influido considerablemente en las consecuencias del acto, lo que, en su opinión, también juega en contra de la idea de que hubo intencionalidad del autor.

En la sesión de hoy, el Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de cuatro años de prisión para J.L.N., reduciendo notablemente su petición anterior de 12 años; además, se exige una compensación de 90.000 euros a cada uno de los padres de Sergio y 25.000 euros a su hermana. Por su parte, la acusación particular insiste en calificar los hechos como asesinato, demandando una pena de 20 años de prisión, mientras que la defensa del acusado aboga por una condena de solo dos años, pidiendo su liberación inmediata al haberse cumplido ese tiempo en prisión.