VALLADOLID, 26 de diciembre.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha decidido citar a declarar como testigos a los miembros de la Junta de Personal de las Cortes de Castilla y León. Esta medida se enmarca dentro de las investigaciones relacionadas con una denuncia presentada por una funcionaria de dicha institución contra el secretario general y letrado mayor, Marcos Herrero, quien es acusado de haber ejercido acoso laboral sobre ella.

Según ha informado Europa Press, la providencia emitida por la instructora del caso prevé que los integrantes de la Junta de Personal, incluidos su presidente, la secretaria y tres vocales, comparezcan como testigos el próximo 5 de junio de 2025. Las declaraciones se llevarán a cabo en la Sala de Vistas número 6 del Edificio de los Juzgados, en horarios escalonados desde las 09.30 hasta las 10.50 horas.

A través de un extenso informe de 44 páginas enviado a la Instrucción 4, los miembros de la Junta de Personal afirman no tener conocimiento de ninguna situación de acoso laboral ocurrida en la Cámara. Sostienen que los hechos descritos por la denuncianta no tienen la consideración de delito y añaden que la supuesta víctima nunca habría comunicado en sus escritos situaciones de conflicto o tensiones laborales que se traduzcan en un patrón de abuso sistemático.

Por su parte, Marcos Herrero, quien ya Declaró ante la Justicia el 16 de diciembre en calidad de investigado, negó cualquier tipo de enemistad personal hacia la funcionaria que lo acusa. Aseguró que todas sus decisiones se tomaron conforme a la ley y sin ningún tipo de ilícito.

La denuncia presentada ante la Fiscalía de Valladolid fue motivada por la decisión de Herrero de apartar a la funcionaria de su puesto de jefa del Servicio de Gestión Administrativa de las Cortes, posición que ocupó mediante adscripción provisional desde el 21 de mayo de 2018 hasta mayo de 2022. La notificación de la revocación se produjo por vía telefónica mientras ella se encontraba de vacaciones, circunstancia que, según recoge su denuncia, dio pie a que fuera despojada de todos sus accesos informáticos, aplicaciones y certificados de firma electrónica.

La denunciante sostiene que a partir de este momento se inició una serie de acciones por parte del secretario general que únicamente buscaban humillarla y aislarla en el ámbito laboral y social. Afirma que su carrera profesional ha sido gravemente afectada, con medidas que intentaron limitar sus posibilidades de acceder a futuros puestos en las Cortes de Castilla y León, los cuales se caracterizaban por tener funciones reducidas, niveles y salarios inferiores a los que le correspondían.

Además, sostiene que se ha hecho todo lo posible para evitar que pudiera optar a posiciones relacionadas con la gestión administrativa y la contratación pública. Asegura que se introdujeron cambios en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y se lanzaron convocatorias con requisitos que dificultaban su participación, interpretando estas acciones como claras represalias por parte del investigado.

La funcionaria también presentó un recurso contra la revocación de su nombramiento, el cual fue atendido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En una sentencia fechada el 22 de abril de 2024, el tribunal anuló dicha revocación al concluir que se había dictado sin competencia, incumpliendo el procedimiento legal y vulnerando así su derecho a la dignidad personal y profesional.

Asimismo, otro aspecto crítico que resaltó el tribunal fue la imposición de un requisito de experiencia en las Cortes de Castilla y León, necesario para acceder a la conversión del puesto de la funcionaria denuncianta en una plaza de Cuerpo Técnico, Escala Económico-Financiera. Este requisito también fue declarado nulo el 20 de julio de 2023.

En una ampliación de la denuncia, la funcionaria subrayó que el presidente de las Cortes de Castilla y León así como la Mesa y la Junta de Personal eran plenamente conscientes de lo que sucedía. Esta afirmación incluye no solo comunicaciones verbales, sino también una variedad de documentos que respaldan su caso.

Finalmente, la denunciante indica que se solicitó a la Junta de Personal que adoptara medidas para detener el acoso y que se exigieran responsabilidades por las acciones del secretario general. También se requirió información sobre las intervenciones de la Junta en relación a las decisiones adoptadas por Herrero, evidenciando así un aparente deseo de transparencia y justicia ante una situación que ella considera de abuso sistemático en el lugar de trabajo.