El nuevo modelo residencial prioriza a los usuarios y mejora la seguridad.

El nuevo modelo residencial prioriza a los usuarios y mejora la seguridad.

Los centros tendrán que adaptarse estructuralmente antes de finalizar 2029, se crean unidades de convivencia y se suprimen las sujeciones

VALLADOLID, 24 Ago.

El nuevo modelo de residencias en Castilla y León reforzará el protagonismo de los usuarios y creará entornos de convivencia más seguros y confortables, tal y como ha destacado este jueves la Consejera de Familia, Isabel Blanco, tras la aprobación por el Consejo de Gobierno del Proyecto de la Ley Reguladora de los Centros de Carácter Residencial y Centros de Día de Servicios Sociales para Cuidados de Larga Duración.

El futuro texto normativo que ha salido hoy del Consejo de Gobierno generaliza el modelo de atención centrada en la persona tanto en centros propios como externos y establece las condiciones básicas materiales y espaciales de todas las residencias, que deberán adaptarse a las unidades de convivencia.

Se trata de un texto normativo innovador cuyo anteproyecto parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y que adapta todos los centros públicos y privados destinados a la atención a las personas mayores, dependientes y con discapacidad al contexto actual, generalizando el nuevo modelo de atención integral centrado en la persona.

"El modelo toma al usuario como protagonista, su proyecto de vida, lo que quiere y necesita y que estos centros sean lo más parecidos a sus hogares cuando ya no puedan permanecer en ellos", ha destacado la consejera del ramo, Isabel Blanco Llamas, quien se ha felicitado de que estamos ante la "primera ley en España que blinda la calidad de la prestación del servicio en este tipo de centros".

Y es que la norma coloca el foco de los cuidados en los usuarios, trasladándoles todo el protagonismo en cuanto a preferencias vitales y transformando todas las residencias -propias y externas- en lugares asimilables a sus propios hogares.

Esta ley tiene como finalidad garantizar los derechos de quienes viven en los centros de carácter residencial y en los centros de día de Servicios Sociales para cuidados de larga duración, para personas en riesgo o situación de dependencia, y con discapacidad situados en Castilla y León.

El texto determina su organización, funcionamiento, régimen de autorización, evaluación de calidad y principios y se aplica en todos estos centros, al margen de su titularidad y de que tengan o no ánimo de lucro, por lo que supondrá cambios significativos en la organización y funcionamiento de los cuidados residenciales.

La esencia de la ley se basa en la atención centrada en las necesidades y deseos de las personas dependientes, de forma que estos centros se conviertan en verdaderos hogares, organizados en unidades de convivencia como modelo a desarrollar.

La redacción del anteproyecto de ley es fruto de un trabajo largo, complejo y coral. En la segunda mitad de 2020 se constituyó un grupo integrado por representantes de las entidades del Tercer Sector de Acción Social, federaciones de personas mayores, grupos parlamentarios, organizaciones sindicales y patronales, colegios profesionales y entidades locales con el objetivo de analizar la situación de las residencias y alcanzar acuerdos de manera consensuada.

El proyecto de ley que hoy ha aprobado la Junta de Castilla y León incorpora las aportaciones que han realizado tanto el Consejo Consultivo, como el Consejo Económico y Social de Castilla y León.

Esta ley afectará a las más de 72.000 plazas -en concreto, 72.634- que existen en Castilla y León en los centros residenciales y de atención diurna para la atención a mayores y personas con discapacidad.

En concreto, existen por un lado 54.600 plazas para la atención a personas mayores (48.791 plazas residenciales y 5.809 plazas en centros de día), distribuidas por 1.144 centros. De estas plazas, 37.053 se financian públicamente -entre públicas, concertadas y financiadas a través de las prestaciones de dependencia-.

Ello sitúa a Castilla y León como la comunidad con la mayor cobertura de España tanto en número de plazas totales en residencias, como en número de plazas residenciales financiadas públicamente, con 7,84 %, muy por encima de la media nacional (4,19 %).

En cuanto a personas con discapacidad, el Sistema Social de Castilla y León cuenta con 18.034 plazas para su atención (5.164 residencias, 2.232 viviendas y 10.638 centros de día), distribuidas por 825 centros.

Como novedades del nuevo modelo figuran el proceso de adaptación estructural de todos los centros de día y residenciales, tanto públicos como privados, capítulo en el que se da de plazo hasta finales de 2029. A este respecto, la consejera ha precisado que los nuevos centros deberán adaptarse al modelo, en términos constructivos, y el resto de los ya existentes también, a excepción de aquellos en los que sea materialmente imposible y así se justifique debidamente.

Otro de los aspectos novedosos lo constituye la eliminación de sujeciones físicas y químicas, salvo las excepciones y con los requisitos recogidos en la nueva Ley en casos puntuales en los que peligre la integridad tanto del usuario como de cuidadores o terceros y se hayan descartado las demás alternativas.

Este derecho--se ha formado a un total de 1.500 profesionales en este sentido--implicará que, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, todos los centros que cuenten con alguna persona usuaria al que se le esté aplicando alguna restricción que no tenga la consideración de actuación de urgencia, deberán desarrollar e implantar un plan de eliminación de sujeciones en el centro.

Entre los aspectos novedosos de la nueva ley, que se remitirá ahora a las Cortes para su tramitación y aprobación definitiva, se incluye la creación de 'unidades de convivencia' -como se viene realizando en las residencias públicas de la Junta de Castilla y León desde hace años-, con el doble objetivo de extender el modelo de atención centrada en la persona y también aplicar las enseñanzas que dejó la pandemia de cara a la propagación de enfermedades.

De este modo, los usuarios conviven en entornos más pequeños -de hasta 16 personas- y en unas instalaciones que emulan su propio hogar, para garantizar, de manera combinada, la autonomía, la seguridad, la confortabilidad y la calidad en la atención. En concreto, el proyecto de ley organiza los centros en tres áreas definidas: la zona de unidades de convivencia, la de espacios comunes y la de servicios generales.

Desde hace años, la Junta de Castilla y León ha venido instalando las unidades de convivencia en los centros públicos. Ahora, por primera vez, se recogen en una norma de rango legal y se impulsan en las residencias de ámbito privado.

El desarrollo de esta ley, igualmente en el capítulo de novedades, también supone una apuesta por la innovación y la calidad a través de la evaluación continua de la calidad de los servicios residenciales, del desarrollo de estándares de calidad, la elaboración de directrices, guías y manuales de buenas prácticas, promoviendo actividades de formación especializada y la sensibilización social, en especial, la formación de los profesionales.

Así, los centros deberán someterse cada año a una evaluación de calidad como garantía del cumplimiento por parte de todos los agentes que intervienen en el proceso de la obligación de prestar servicios de calidad que protejan los derechos de las personas usuarias.

Hay aspectos de la ley que están sujetos a la posterior normativa de desarrollo, como es el caso del número de profesionales que deben trabajar en

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