LEÓN, 2 de enero. En un análisis exhaustivo de la labor del Procurador del Común durante el año 2025, se reveló que se gestionaron un total de 6.410 expedientes, los cuales se derivan de 2.206 quejas presentadas por ciudadanos. Este número representa un notable crecimiento en comparación con 2024, cuando se registraron 1.918 quejas. Entre las quejas, también se incluyeron 143 acciones de oficio emprendidas por la Defensoría, mostrando un compromiso continuo con la defensa de los derechos ciudadanos.

León se destacó como el epicentro de las reclamaciones en 2025, con 524 quejas, seguido de Valladolid con 339, Burgos con 219 y otras provincias como Palencia, Ávila y Salamanca. La presencia de 112 quejas de personas de fuera de la comunidad y otros 260 casos sin información de procedencia refleja una amplia gama de preocupaciones que trascienden las fronteras provinciales, aunque todas las quejas están debidamente identificadas como exige la normativa.

Entre las áreas temáticas más problemáticas, las quejas sobre la Administración Local destacaron nuevamente, abarcando un 22,85 por ciento de las reclamaciones. Le siguen las relativas a Fomento y Empleo Público, con 13,42 por ciento y 10,79 por ciento respectivamente. Otros temas relevantes incluyen la Sanidad y el Medio Ambiente, que también capturan un porcentaje significativo de las inquietudes ciudadanas.

Los datos también revelan que las quejas múltiples, que involucraban la participación de varios ciudadanos, generaron la apertura de 4.078 expedientes. Entre estos, un número considerable se relaciona con el empleo público, abarcando cuestiones desde la clasificación profesional hasta las condiciones laborales de distintos grupos, como el personal de enfermería.

En un enfoque más amplio sobre la protección ambiental, se abrieron casi 3.000 expedientes relacionados con la instalación de una planta de biogás en La Lastra, además de otros casos vinculados a la gestión de incendios en Castrocalbón. La situación de la sanidad también fue objeto de atención, con 476 expedientes abiertos sobre la reducción de consultas pediátricas en el Centro de Salud de Cistierna.

Asimismo, se registraron preocupaciones sobre la situación laboral de los supervisores de Enfermería y la integración de trabajadores vinculados al Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. En materia ambiental, se subrayaron temas como la limpieza de terrenos en riesgo de incendios en Marugán, así como la transparencia y el manejo de las finanzas públicas en distintos municipios.

El Procurador del Común ha subrayado la importancia de asegurar el acceso al agua potable en poblaciones pequeñas, buscando un control efectivo sobre la calidad y disponibilidad del recurso. Además, tras los devastadores incendios de agosto, se ha enfatizado la necesidad de usar ganado como método de prevención y de mantener adecuadamente los hidrantes y sistemas de riego en áreas urbanas.

En el ámbito de la familia y la igualdad de oportunidades, se han abordado temas desde las condiciones en las escuelas infantiles hasta la reserva de plazas para personas con movilidad reducida, garantizando que se promuevan políticas inclusivas y accesibles. La salud de la población se ha visto igualmente beneficiada por la apertura de expedientes relacionados con el cribado neonatal de enfermedades raras y la mejora en el acceso a tratamientos personalizados en zonas rurales.

El enfoque hacia la educación ha permitido identificar áreas de mejora, como la programación del horario escolar en septiembre y la adaptación de criterios económicos para programas de apoyo. La atención a las deficiencias en infraestructuras también ha sido parte de la respuesta del Procurador, abarcando desde áreas de juego hasta carreteras en mal estado.

En última instancia, el compromiso del Procurador del Común con la protección del medio ambiente refleja un esfuerzo por tratar el problema creciente de las placas solares en desuso y los trámites relacionados con la agricultura. Además, se están haciendo esfuerzos para regular el teletrabajo y la adaptación oficiosa de las jornadas laborales, buscando siempre responder a las necesidades y derechos de los ciudadanos en todos los ámbitos.