PALENCIA, 10 de enero. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Castilla y León ha dado un paso decisivo hacia la transformación del acceso a la vivienda al anunciar la creación de un consorcio autonómico que integrará a los ayuntamientos y diputaciones. Este organismo no solo buscará proporcionar suelo, sino convertirse en un actor clave en la implementación de políticas de vivienda, en línea con las directrices del Plan Estatal.

Durante la reunión del Consejo de Alcaldes celebrada el pasado sábado en Palencia, se promulgó una resolución orientada a garantizar el derecho a la vivienda como un objetivo fundamental y prioritario. Los asistentes, más de 200 alcaldes y portavoces municipales, respaldaron de manera unánime la necesidad de una planificación territorial coherente y del desarrollo de políticas públicas efectivas que aseguren a cada ciudadano el acceso a la vivienda, ya sea en régimen de alquiler o propiedad.

Este acuerdo, que se enmarca dentro del cuerpo directivo del PSOE local y fue encabezado por la alcaldesa de Palencia, Miranda Andrés, se alinea con el compromiso del partido de reconocer la vivienda como un derecho humano esencial. Según lo planteado, se promulgará un mayor desarrollo de vivienda pública, principalmente en alquiler, con el objetivo de intervenir activamente en el mercado y crear un entorno donde el acceso a la vivienda sea factible y justo.

Además, el partido ha reiterado su intención de establecer un Pacto Social por la Vivienda, que incluirá la colaboración con diversas entidades, asociaciones y la academia. Este pacto buscará desarrollar un programa de intermediación que conecte a propietarios de viviendas desocupadas con familias necesitadas, garantizando que aquellas unidades convivenciales cuya renta no exceda el 30% de sus ingresos tengan acceso a una vivienda asequible.

La resolución también apela a la necesidad de transformar la vivienda en una herramienta de protección social, alejada de las lógicas especulativas. Los representantes municipales expresaron su rechazo a las políticas del actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al acusarlo de haber disminuido el apoyo a la vivienda protegida, lo que socava el derecho de los ciudadanos a acceder a un hogar digno.