En un giro notable en el ámbito legislativo de Valladolid, el Grupo Parlamentario Socialista ha formalizado el 21 de noviembre una solicitud urgente para convocar la Comisión de Reglamento de las Cortes. La iniciativa busca abordar la necesaria revisión del artículo 31.1 de la normativa que regula el funcionamiento de la Cámara, con el objetivo de establecer un régimen claro de incompatibilidades que se alinee con el actual sistema retributivo, que se encuentra, según los socialistas, en una situación insostenible y sin precedentes en otros parlamentos.

Además, el mismo grupo ha requerido la comparecencia del abogado Luis Gracia, actual responsable de la Autoridad Independiente en materia de corrupción en Castilla y León. Su intervención se propone para investigar el caso de algunos procuradores que han estado recibiendo pagos simultáneamente por su labor en las Cortes y por otras actividades externas, lo que podría haber comprometido los intereses de la región al actuar como "juez y parte".

La voz de esta demanda fue la secretaria general del Grupo Socialista, Rosa Rubio, quien, en una rueda de prensa posterior a la presentación de la solicitud de la reunión de la Comisión, se mostró crítica al señalar que este informe sobre las incompatibilidades retributivas se ha reclamado en múltiples ocasiones —ocho desde 2021, la primera en abril de ese año— y que su entrega, justo en este momento, parece ser poco fortuita.

Rubio expresó su sorpresa al señalar que el informe fue presentado tras la salida de Raúl de la Hoz, ex portavoz del Grupo Parlamentario Popular y actual eurodiputado, quien tuvo que declarar en Bruselas que percibió 40.000 euros de un bufete de abogados. La procuradora socialista sugirió que la revelación de estos hechos debería haberse producido antes y se preguntó sobre los motivos que impidieron que esta información saliera a la luz antes de su llegada a la capital europea.

Además, la secretaria del Grupo Socialista manifestó su preocupación sobre la posibilidad de que otros parlamentarios se encuentren en situaciones similares de doble remuneración. Por ello, enfatizó la necesidad de que la Autoridad Independiente en materia de corrupción realice una investigación exhaustiva y remita los hallazgos a la Autoridad Anticorrupción para que tome cartas en el asunto. Aseguró tener plena confianza en que los procuradores del PSOE no están involucrados en tales prácticas.

Rubio subrayó la importancia de no estar en una posición de conflicto de intereses, afirmando que "no se puede ser juez y parte", y recordó que esta situación ha podido influir en decisiones administrativas relacionadas con la Junta de Castilla y León. La procuradora finalizó insistiendo en que estas preguntas y preocupaciones merecen respuestas claras que refuercen la transparencia, la ética y la necesaria regeneración democrática en la política regional.