BURGOS, 29 de diciembre. Las tensiones políticas en el Ayuntamiento de Burgos han alcanzado un nuevo punto álgido, ya que la alcaldesa Cristina Ayala ha confirmado que se llevará a cabo una cuestión de confianza el próximo 8 de enero. Esta medida surge como consecuencia del rechazo al proyecto de presupuesto para 2026 durante el pleno celebrado el lunes pasado.

Durante la sesión extraordinaria, los dos grupos opositores, PSOE y Vox, se manifestaron en contra de un presupuesto que asciende a 265 millones de euros y que el equipo de gobierno presenta como una propuesta "realista e inversora". La negativa de ambas formaciones ha forzado a la administración local a buscar legitimación a través de un mecanismo extraordinario que ya se utilizó anteriormente en esta legislatura para aprobar los presupuestos de 2025.

Así, el próximo Pleno se convierte en un escenario crucial para la alcaldesa, quien deberá enfrentar la posibilidad de recibir el apoyo de la Corporación o, por el contrario, sufrir una censura que podría desestabilizar aún más su mandato.

En caso de no conseguir el respaldo necesario, los grupos de la oposición tendrían un mes para formar un nuevo gobierno y elaborar un nuevo presupuesto. Si no logran llegar a un acuerdo en ese tiempo, el presupuesto presentado por Ayala quedaría automáticamente validado.

Con miras a preparar el orden del día del Pleno, Ayala ha convocado una Junta de Portavoces para este martes, donde se decidirán los temas a tratar en la sesión del 8 de enero.

Este lunes, las diferencias entre los tres grupos fueron evidentes, con constantes reproches entre ellos. Cristina Ayala confrontó a Fernando Martínez Acitores, portavoz de Vox, señalando que sus demandas en Burgos son más estrictas que las que hace en otras ciudades, como Valladolid o Alicante, donde no se exigen condiciones como la retirada de ayudas a organizaciones que apoyan a las personas migrantes.

Por su parte, tanto la alcaldesa como el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, defendieron el proyecto presupuestario del 2026, tildándolo de "realista". Ayala apeló a la necesidad de colaboración entre las fuerzas de derecha y argumentó que "los burgaleses esperan la culminación de acuerdos" que eviten un gobierno de izquierdas en la ciudad.

El portavoz de Vox, sin embargo, no se mostró complacido y criticó tanto el sustento como la metodología de la negociación presupuestaria. Recriminó a la administración local por las "dos modificaciones presupuestarias" anteriores en las que su grupo había confiado y que originalmente habían rechazado. Según Martínez Acitores, estas incluían la retirada del proyecto del "ambigú del Paseo de la Isla" y el de "Xpande", manifestando que su mantenimiento bajo "acuerdos de la Junta de Gobierno" es una falta de lealtad.

En el mismo tono crítico, el portavoz del PSOE, Josué Temiño, acusó a Ayala de actuar con "soberbia" y de manejarse en un entorno de "improvisación", advirtiendo que el presupuesto propuesto tiene partidas similares a las de años anteriores. También señaló que su grupo tuvo que presentar una enmienda porque no se incluían inicialmente ayudas a Cáritas para el apoyo a migrantes.

Temiño además resaltó que el presupuesto depende de un "préstamo de 25,2 millones de euros", del cual se siente escéptico y lo calificó de "brindis al sol". Con esto en mente, justificó el voto en contra del PSOE al defender "un modelo de ciudad que aspire a ser diferente".