En un contexto de tensiones laborales dentro de las Cortes de Castilla y León, el secretario general y letrado mayor, Marcos Herrero, ha dejado claro que su función se limita a la asesoría, enfatizando que son los miembros de la Mesa de las Cortes, compuesta por procuradores del PP, PSOE y Vox, quienes toman las decisiones finales. Esta aclaración se produce en medio de una denuncia de acoso laboral que enfrenta, presentada por una funcionaria bajo su mando.

La declaración de Herrero en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid se extendió a lo largo de dos horas y media, en un proceso donde estuvo acompañado de su abogado. Durante este tiempo, Herrero se defendió de las acusaciones, sosteniendo que todas sus acciones en el desempeño de su cargo han sido legales y que no ha incurrido en ninguna conducta delictiva.

A pesar de la gravedad de la denuncia, el investigado ha negado tener cualquier tipo de animosidad hacia la funcionaria. Reconoció que existieron discrepancias anteriores, especialmente cuando ella cuestionó la legalidad de su simultáneo desempeño como asesor en las Cortes y vocal en el Ayuntamiento de Madrid. Como resultado, Herrero devolvió a dicho Ayuntamiento las retribuciones que había recibido durante el tiempo que ocupó esa doble posición.

Un episodio particularmente tenso surgió en el marco de una mesa de contratación para la adquisición de impresoras, aunque Herrero asegura que este conflicto no tiene relación con la denuncia en su contra. De forma rotunda, reafirmó que su función en las Cortes es simplemente la de asesor, indicando que las determinaciones finales recaen sobre la Mesa de las Cortes.

La denunciante, que se encuentra actualmente de baja laboral por motivos psicológicos, alegó que fue removida de su puesto como jefa del Servicio de Gestión Administrativa en mayo de 2022, un cargo que ocupaba desde mayo de 2018. Según su relato, la revocación de su cargo le fue comunicada por Herrero de manera telefónica, mientras ella se encontraba de vacaciones. Desde ese momento, afirma que fue despojada de todos sus accesos digitales y permisos necesarios para ejercer su trabajo.

La denunciante sostiene que las acciones de Herrero buscaban humillarla y aislarla, afectando severamente su carrera profesional. Alega que se creó un entorno hostil que la excluyó de puestos que deberían corresponderle, aquellos relacionados con la gestión administrativa y financiera, y que se tomaron decisiones administrativas que constituyen represalias directas en respuesta a sus quejas.

Además, la funcionaria presentó un recurso contra la revocación de su nombramiento, que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Este tribunal argumentó que la decisión de Herrero carecía de fundamento legal y violaba su derecho a la dignidad personal y profesional, al haber sido tomada sin el debido procedimiento y justificación.

Asimismo, se encontró que la introducción de requisitos adicionales que dificultaban su acceso a un puesto técnico fue también considerada improcedente por el tribunal, en una sentencia posterior. En sus alegaciones, la funcionaria afirma que los hechos eran del conocimiento del presidente de las Cortes, así como de la propia Mesa y la Junta de Personal, quienes, a su juicio, debían haber intervenido.

A pesar de las preocupaciones manifestadas por la denunciante, un informe de la Junta de Personal ha declarado no tener conocimiento de ningún acoso laboral en la Cámara, considerando que los hechos relatados por la funcionaria no constituyen tal delito. La junta alega que nunca se han presentado quejas formales acerca de conflictos laborales o tensiones serias en el ambiente de trabajo, lo que complica aún más la situación de la denuncia.