La Justicia Europea ha fallado a favor de una testigo de Jehová residente en Soria, que demandó a la Administración tras recibir transfusiones de sangre en contra de su voluntad durante una operación de urgencia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España a pagar 26.000 euros por daño moral y costas, al considerar que se vulneraron sus derechos a la vida privada y familiar y a la libertad religiosa.

Los magistrados de la corte de Estrasburgo confirmaron por unanimidad la violación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y ordenaron a España pagar 14.000 euros por costas y gastos, además de 12.000 euros por daños morales. Esta decisión se basó en que el proceso de toma de decisiones no respetó la autonomía de la demandante y no garantizó sus derechos.

Según la resolución del tribunal, se constató que el proceso seguido en este caso no respetó suficientemente los deseos de la demandante, lo que provocó una violación de sus derechos. Los magistrados destacaron la importancia de contar con garantías procesales que respeten la decisión de una persona en asuntos tan delicados como la salud.

La testigo de Jehová había dejado por escrito su negativa a recibir transfusiones de sangre, incluso en situaciones de vida o muerte. A pesar de esto, durante una intervención quirúrgica de urgencia en 2018, se le practicaron tres transfusiones sin su consentimiento, lo que desencadenó un largo proceso judicial en el que finalmente el TEDH le ha dado la razón.

La magistrada española María Elósegui emitió un voto particular en el que resaltó la necesidad de mejorar la coordinación entre hospitales de distintas comunidades autónomas para evitar situaciones como la vivida por la demandante. Señaló que, a pesar de los errores de comunicación alegados por el Gobierno, no se puede excusar lo ocurrido y es fundamental aprender lecciones para prevenir violaciones de derechos en el futuro.

Este caso pone de manifiesto la importancia de respetar las decisiones individuales en materia de salud, especialmente cuando están fundamentadas en convicciones religiosas. La Justicia Europea ha enviado un mensaje claro sobre la necesidad de proteger los derechos fundamentales de las personas, incluso en situaciones de emergencia médica.