VALLADOLID, 15 de septiembre. Hoy se celebrará una crucial sesión en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), donde se deliberarán y votarán los recursos interpuestos por Alfonso Centeno y Pedro Pariente, exdirigentes de la Sociedad de Desarrollo de Valladolid (Sodeva), condenados por su implicación en el escándalo conocido como 'Meseta Ski'.

En el marco de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valladolid, Centeno, exalcalde de Olmedo, enfrenta una sanción considerable de nueve años y un mes de inhabilitación por prevaricación administrativa en relación con un proyecto de ocio en Villavieja del Cerro. Este proyecto, que prometía dos pistas de esquí en seco, dejó un oscuro legado que también ha afectado a Pariente, su antiguo mano derecha, quien recibió una pena de siete años y tres meses de inhabilitación por las mismas razones.

La situación se complica aún más, ya que ambos apelaron al TSJCyL, cuya audiencia estaba inicialmente programada para abril, pero se suspendió debido a una recusación al magistrado José Luis Concepción, presidente de la sala. Esta recusación fue presentada por la Federación en Castilla y León de Ecologistas en Acción y Valladolid Toma la Palabra (VTLP), quienes argumentaron que la imparcialidad de Concepción no estaba garantizada. Sin embargo, la sala desestimó esta exigencia.

Ahora, a partir de las 12:00 horas, se darán a conocer los resultados de la deliberación a la que asistirá Concepción, quien ocupará su puesto en el tribunal. La decisión de la sala fue enfática al considerar que las críticas previas del magistrado a determinadas políticas del Gobierno no implican necesariamente una falta de imparcialidad en su papel actual.

En el análisis de la recusación, el TSJCyL sostuvo que las declaraciones públicas de Concepción no reflejan animosidad hacia ninguna de las partes involucradas en el recurso. Por lo tanto, se concluyó que su participación en el caso no comprometía la objetividad del proceso judicial.

VTLP y Ecologistas en Acción argumentaron que Concepción había expresado críticas sistemáticas al Gobierno, sugiriendo que esto le confería una clara animadversión hacia el grupo que actuó como acusación popular en este caso. Sin embargo, los magistrados consideraron que las acusaciones carecían de fundamento sólido.

La Audiencia Provincial inicialmente había impuesto condenas a Centeno y Pariente, mientras que otros dos implicados, Valentín González y Luis Torroglosa, fueron absueltos. El tribunal halló que hubo modificaciones al proyecto sin justificación adecuada que llevarían a un aumento de costos significativos, y evaluó que este aumento del 75% del presupuesto original no cumplió con los principios de transparencia y competencia que debieran regir los procesos de contratación pública.

Además, las modificaciones afectaron de forma sustancial las características originales del proyecto, incluidas las dimensiones de la pista de esquí, y se llevaron a cabo sin seguir los procedimientos adecuados, infrigiendo gravemente toda normativa que debía regir este tipo de contratos en el ámbito público.

A la acusación se unieron grupos como Valladolid Toma la Palabra y Ecologistas en Acción, quienes no solo solicitaron condenas significativas para los implicados, sino que también demandaron indemnizaciones por el perjuicio económico causado. Este caso destaca la importancia de la transparencia en la gestión pública y la necesidad de una rendición de cuentas rigurosa ante tales cuestiones.