VALLADOLID, 15 Ene.

La Audiencia de Valladolid ha impuesto una condena de un año y medio de cárcel al empresario de origen marroquí Albdelkarim I, quien fue detenido en 2022 por la Policía Nacional acusado de explotar a trabajadores extranjeros en el ámbito agrícola y mantenerlos hacinados en viviendas insalubres y sin luz.

La condena, fruto de un acuerdo entre el acusado y el fiscal del caso, fue ratificada en una breve vista en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial. Inicialmente, la acusación pública solicitaba cuatro años de prisión para Albdelkarim I.

El acuerdo, recogido por Europa Press, incluye además del año y medio de prisión, una multa de 810 euros y la obligación de indemnizar a las tres víctimas con 2.000 euros a cada una.

A pesar de la condena, el empresario no ingresará en prisión, ya que se acordó la suspensión de la ejecución de la misma. Sin embargo, deberá cumplir la condición de no cometer nuevos delitos durante los próximos tres años, y pagar tanto la multa como las indemnizaciones en un plazo de dos años.

La investigación que condujo a la detención del acusado, de 40 años, se llevó a cabo en el marco de la operación "Saigo". Todo comenzó durante los meses de febrero y marzo de 2022, cuando se inició una pesquisa en torno a un empresario que residía en la ciudad de Valladolid desde hace más de una década y que estableció una empresa individual en 2013 para ofrecer servicios en el sector agrícola.

Este empresario se encargaba de proporcionar mano de obra para labores agrícolas, actuando como intermediario entre los jornaleros y los propietarios de las fincas.

Para ello, reclutaba y contactaba trabajadores en distintas partes de España, formando equipos de ciudadanos extranjeros en situación irregular. De esta forma, aseguraba la sumisión a las condiciones laborales impuestas, aprovechándose de personas en estado de necesidad o vulnerabilidad por no poder acceder a empleos remunerados legales.

Las víctimas realizaban jornadas extenuantes de más de diez horas diarias, incluso trabajando nocturnamente si la labor agrícola lo requería. No tenían derecho a descansos ni vacaciones.

El empresario tenía dos viviendas alquiladas en condiciones de habitabilidad e higiene deficientes: una en la calle Hospital Militar de Valladolid y otra en la calle Eras de Íscar. En la primera vivían 14 personas y en la segunda, hasta cuarenta, en condiciones insalubres. No tenían luz eléctrica y dormían en colchones sobre el suelo.

La Tesorería General de la Seguridad Social de Valladolid y las Inspecciones Provinciales de Trabajo de Valladolid y Ávila habían realizado numerosas actuaciones con la empresa unipersonal del detenido. Debido a ello, en 2021 el acusado constituyó una nueva Sociedad Limitada, siendo socio y administrador único, pero llevando a cabo la misma actividad bajo otro nombre para intentar eludir la inspección laboral.

El acusado aumentaba de manera exponencial su beneficio económico al no pagar a sus trabajadores, a quienes solo entregaba cantidades mínimas de dinero para subsistir.

En algunos casos llegó a deber a los trabajadores más de 4.000 euros, y las investigaciones determinaron que la nueva empresa del acusado había facturado más de 300.000 euros.