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Empresario marroquí enjuiciado por explotación laboral y condiciones de vida precarias.

Empresario marroquí enjuiciado por explotación laboral y condiciones de vida precarias.

El empresario marroquí Albdelkarim I será juzgado hoy en Valladolid por explotar a trabajadores extranjeros en el sector agrícola. La Policia Nacional lo detuvo en 2022 acusado de mantener a los trabajadores en condiciones deplorables, viviendo en viviendas insalubres y sin luz.

La operación "Saigo" llevó a la detención de este hombre de 40 años, con antecedentes penales, por ser el presunto responsable de un delito contra los derechos laborales. La Fiscalía de Valladolid pide una condena de cuatro años de cárcel, una multa de 4.500 euros y una indemnización de 5.000 euros a una de sus víctimas por daños morales.

La investigación se llevó a cabo en febrero y marzo de 2022, y se centró en un empresario de Valladolid que había establecido una empresa individual en 2013 para ofrecer servicios en el sector agrícola. Este empresario reclutaba trabajadores extranjeros en situación irregular para llevar a cabo tareas agrícolas en diferentes fincas.

Las condiciones de trabajo a las que eran sometidos los trabajadores eran extremadamente duras. Tenían jornadas maratonianas de más de diez horas al día e incluso trabajaban de noche si era necesario. Además, no tenían derecho a descansos ni vacaciones.

El empresario proporcionaba alojamiento a sus trabajadores en dos viviendas insalubres en Valladolid, donde vivían en condiciones miserables, sin luz eléctrica y durmiendo en colchones en el suelo. La Tesorería General de la Seguridad Social y las Inspecciones Provinciales de Trabajo habían llevado a cabo numerosas actuaciones contra la empresa del acusado, pero este intentó evadir la inspección cambiando de nombre y constituyendo una nueva sociedad.

El empresario se beneficiaba económicamente al no pagar a sus trabajadores, quienes solo recibían mínimas cantidades que apenas les permitían sobrevivir. Incluso llegó a deberles más de 4.000 euros. Según la investigación, la nueva empresa del acusado había facturado más de 300.000 euros.

Tras prestar declaración, el detenido fue puesto en libertad con cargos. La operación fue llevada a cabo por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Valladolid.