Empresario minero Victorino Alonso ingresa a prisión por operar mina sin autorización en Nueva Julia.
El empresario minero Victorino Alonso ha ingresado en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) para cumplir una pena de cuatro años de cárcel por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Esta condena está relacionada con la explotación sin licencia de la mina Nueva Julia, ubicada en Cabrillanes (León).
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León informó que Alonso, de 71 años de edad, agotó los diez días que se le concedieron para su ingreso en prisión, luego de que la Audiencia Provincial de León desestimara su argumento de razones de salud como excusa para evitar la cárcel.
Los magistrados tuvieron en cuenta diversos aspectos para rechazar la petición, entre ellos la gravedad de la pena, los antecedentes penales del empresario y su pronóstico de reinserción "no positivo". Además, se consideró el hecho de que Alonso no ha pagado la responsabilidad civil fijada en más de 24 millones de euros.
Según la Sala, "el cumplimiento de la pena impuesta, a la luz de la documentación médica y del informe del Médico Forense indicado, no va a suponer para el condenado peligro alguno ni para su vida ni para su salud ni para su integridad física ni psíquica".
El tribunal también rechazó las demás circunstancias invocadas por la defensa del condenado, como su edad y su situación familiar, argumentando que no justifican la concesión del beneficio solicitado.
Victorino Alonso fue condenado por la explotación minera a cielo abierto de Nueva Julia, que se llevó a cabo sin contar con la licencia correspondiente y afectando terrenos protegidos por la Red Natura 2000.
La Sala considera que esta actuación representa "un exceso más" de los cometidos por la promotora, tanto en términos cualitativos, al afectar los recursos naturales, como en términos cuantitativos, al expandirse por terrenos no autorizados.
También se indica que no existía autorización para llevar a cabo "la agresión al medio ambiente" a partir de las autorizaciones obtenidas, las cuales, según la Sala, fueron utilizadas de manera incorrecta con el objetivo de obtener beneficios económicos.