VALLADOLID, 24 de diciembre. La Audiencia Provincial de Valladolid ha dictado una sanción de 4.860 euros contra Fabián A.T., un empresario agrícola que utilizó mano de obra extranjera en situación irregular durante la cosecha de patatas en Alaejos en el verano de 2021, sin dar de alta a estos trabajadores en la Seguridad Social.

A pesar de que la fiscalía solicitó una pena de dos años de prisión por violaciones a los derechos laborales, la sección penal del tribunal ha reducido la condena a una multa de 18 meses, estableciendo una cuota diaria de nueve euros, al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas, según lo informado por fuentes jurídicas a Europa Press.

Durante el juicio, Fabián no compareció, pero un testigo que vive cerca de los trabajadores denunció el trato despectivo que recibían. Según sus declaraciones, el empresario los insultaba y mantenía en condiciones de vida inaceptables. "¡Vamos, perros, a trabajar!", eran las palabras que, según el testigo, solía utilizar para dirigirse a sus empleados temporales.

Este vecino, que se preocupó por la situación de los trabajadores, compartió que al acercarse a ellos, estos le informaron sobre las precarias condiciones en las que habitaban: cerca de una docena de personas, de nacionalidades argelina, siria y colombiana, vivían hacinadas en una vivienda que habían alquilado por entre 70 y 80 euros, el costo cubierto por su contratante, apodado por ellos como "Fabián el italiano". Aseguraron que eran despertados a la madrugada para ir a trabajar, teniendo que pagar cinco euros por cada trayecto hasta el campo de patatas.

El testigo destacó que los trabajadores vivían bajo una constante amenaza y miedo, señalando que Fabián y su acompañante les advertían que no salieran de casa ni se relacionaran con los vecinos, argumentando que podrían ser discriminados o expulsados del pueblo.

La situación llegó a su clímax el 11 de septiembre de 2021, cuando la Guardia Civil intervino tras recibir un aviso de un vecino sobre una discusión entre Fabián y sus trabajadores, quienes exigían el pago de sus salarios. Según el relato de los agentes, tras mediar, Fabián y su madre pagaron lo que debían a los temporeros.

No obstante, otros tres trabajadores argelinos, que también se quejaron de impagos, acudieron a presentar su denuncia en el cuartel de Castronuño, generando las investigaciones que llevaron a este juicio, donde solo uno de los afectados, Hamed, testificó por videoconferencia desde Huelva. Hamed contó que había sido reclutado por Fabián mientras dormía en un parque y que había trabajado durante aproximadamente dos meses en condiciones precarias, percibiendo entre 15 y 17 euros por cada bolsa de patatas recolectada.

Hamed corroboró que tanto él como los otros denunciantes estaban en situación irregular en España, sin contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social. Describió, además, cómo tenían que compartir habitaciones en una casa y pagar por el transporte a su lugar de trabajo. También informó que su empleador ejercía un control sobre los trabajadores para evitar que se fugaran o establecieran relaciones en el entorno.

A pesar de las evidencias presentadas, la defensa del empresario clamó por su absolución, argumentando que no se habían probado los cargos en su contra ni se había demostrado que Fabián fuera realmente el empleador de los trabajadores afectados.